Por Alfredo Serrano
América Latina es hoy, más que nunca, un espacio en disputa. Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico. El lawfare, inicialmente asociado a una “guerra contra la corrupción”, se ha ampliado hasta alcanzar procesos electorales y aparatos financieros, incluyendo por momentos el libreto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se trata de un proceso de largo aliento que no se restringe a la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos. El lawfare es en realidad una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (local y extranjeros). Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos. En los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra varias decenas de líderes o ex funcionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, El Salvador, Venezuela, vinculados a gobiernos que cuestionan la ortodoxia neoliberal. También se ha utilizado en España contra Podemos y algunos de sus más importantes dirigentes, como ha quedado demostrados este jueves 6 de julio en la tapa de El País. El periódico publicó las escuchas entre un comisario experto en operaciones sucias y la ex ministra de Defensa del gobierno del PP durante la presidente de Mariano Rajoy. Todo lo que publica El País se sabía, pero ahora se acabaron las presunciones: el gobierno del PP utilizó el aparato del Estado, a jueces y fiscales, el dinero de los contribuyentes y los servicios de inteligencia y la policía para perseguir, espiar, difamar, denigrar, mentir y sabotear no sólo las posibilidades de un partido político y a sus dirigentes, sino a la mismísima democracia. Lo nuevo, quizás, es que ahora también sabemos que el lawfare no se limita a la persecución contra partidos políticos y sectores vinculados al progresismo, sino que avanza también contra la protesta social, exacerbando la criminalización de la militancia y la política, en una apuesta por reforzar al neoliberalismo, la despolitización del Estado y sus aparatos represivos.
