El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, tras una sentencia judicial que obligó al Estado a implementar la norma para garantizar tratamientos y coberturas esenciales, estableciendo un nuevo régimen de pensiones y controles.

La emergencia, reglamentada por el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga anual. La ley había sido aprobada por el Congreso en julio de 2025, pero su aplicación fue postergada por el Ejecutivo bajo el argumento de falta de partidas presupuestarias.



Contexto judicial

La inacción motivó una presentación judicial que culminó en un fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien determinó que el desfinanciamiento del sector ponía en riesgo derechos constitucionales. La presión judicial, que incluso habilitó la feria para supervisar el cumplimiento, aceleró la publicación del decreto reglamentario.

Principales puntos de la reglamentación

  • Transformación del sistema de pensiones: Las pensiones otorgadas antes de la ley pasan a denominarse «Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social», sujetas a un proceso de verificación de datos y nuevos criterios de permanencia e incompatibilidades.

  • Plan de auditorías: La Secretaría Nacional de Discapacidad (Ministerio de Salud) tiene un plazo de 30 días para presentar un esquema de controles periódicos sobre el sistema.

  • Criterios unificados: Se instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para unificar los criterios de evaluación socioeconómica en todo el país.

  • Cofinanciamiento: Se establecen mecanismos de cofinanciamiento entre Nación, provincias y CABA para sostener el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

En los considerandos del decreto, el Gobierno aclaró que la medida busca dar «precisión operativa» y «fortalecer la integridad institucional», aunque evitó consentir los fundamentos de la sentencia judicial que forzó la implementación.