El Gobierno nacional extendió hasta el 30 de junio de 2027 la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la aplicación de medidas cautelares contra las pequeñas y medianas empresas. La decisión también alcanza a pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y prestadores del sector de la salud.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Economía y encomendada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien había sido anticipada por el ministro Luis Caputo durante la 32.ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), su formalización se concretó este miércoles mediante la Resolución 1899/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El beneficio comprende a las micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2 que cuenten con el Certificado MiPyME vigente al momento de dictarse la resolución. También incluye a personas humanas y sucesiones indivisas consideradas pequeños contribuyentes, organizaciones sin fines de lucro y contribuyentes vinculados con la actividad sanitaria.
Los alcances de la prórroga
La disposición extiende un esquema de alivio fiscal implementado originalmente a fines de diciembre de 2024. En aquella oportunidad, se estableció la suspensión de las ejecuciones fiscales para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector de la salud hasta julio de 2025. Posteriormente, el beneficio fue renovado en distintas oportunidades.
Según los fundamentos de la resolución, las condiciones que motivaron la implementación de esta medida de protección todavía persisten, por lo que el Ejecutivo consideró necesario prolongar su vigencia.
En relación con las pequeñas y medianas empresas, la normativa destaca el papel que desempeñan en la economía argentina, tanto por su capacidad de generar empleo como por su creciente participación en las exportaciones.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que resulta necesario brindar herramientas que favorezcan el desarrollo de las MiPyMEs, la generación de puestos de trabajo y el crecimiento de las ventas al exterior.
Con esta prórroga, el Ejecutivo busca otorgar mayor margen financiero a los sectores alcanzados, evitando que deban afrontar procesos judiciales de cobro y medidas cautelares durante el período establecido.
