El Gobierno propone reemplazar los sellos negros por un modelo regional

Un proyecto presentado en el Congreso propone derogar la actual Ley de Etiquetado Frontal y reemplazarla por un sistema unificado con el Mercosur, que modificaría el esquema vigente de advertencias en alimentos.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo, plantea eliminar los octógonos negros que hoy identifican productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías, bajo el argumento de que la normativa actual genera confusión en los consumidores y mayores costos para la industria.



El proyecto fue presentado por los diputados Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni, e integra el paquete de desregulación promovido por el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

Según los fundamentos, el sistema vigente no habría logrado plenamente su objetivo de informar y promover hábitos alimentarios más saludables, y presenta dificultades técnicas debido al uso de umbrales variables para definir los sellos. Esto, sostienen, complica la reformulación de productos y afecta la claridad del etiquetado.

Además, el oficialismo argumenta que la modificación permitiría reducir costos operativos y facilitar la producción destinada a exportación, al evitar la necesidad de desarrollar distintos formatos para cada mercado regional.

El nuevo esquema propuesto busca alinearse con países del Mercosur que utilizan criterios de umbrales fijos por cada 100 gramos, como Brasil, Chile y Uruguay, considerado por los impulsores como un modelo más simple y transparente.

De aprobarse la derogación, no solo se eliminarían los octógonos negros, sino también otras restricciones vigentes, como la prohibición de utilizar personajes infantiles, promociones dirigidas a menores o publicidad en escuelas en productos con sellos. También se revisarían las advertencias obligatorias sobre cafeína y edulcorantes.

Mientras el debate comienza a instalarse en el Congreso, el Gobierno sostiene que la armonización regional de las normas permitiría simplificar regulaciones, mejorar la competitividad y reducir costos tanto para productores como para consumidores.