Abarca la administración central, los organismos descentralizados y entes públicos. Regirá hasta diciembre de 2023. Instan a que empresas, sociedades y organizaciones con participación estatal adopten “medidas similares”.
Las restricciones a la designación de empleados estatales fue confirmada a través del Decreto 426/2022, publicado este viernes en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente, Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Juan Manzur y de la ministra de Economía Silvina Batakis.
“Las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”, señala la prohibición que abarca a la administración central, los organismos descentralizados y en entes públicos. Además se instruyó a empresas, sociedades y organizaciones donde el Estado tiene participación mayoritaria en el capital y fondos fiduciarios integrados con fondos públicos “a adoptar medidas similares”.
La iniciativa había sido anunciada semanas atrás por Batakis cuando dio a conocer las primeras medidas económicas de su gestión. “El congelamiento es para todos”, remarcó en aquella oportunidad la titular del Palacio de Hacienda. En efecto, quedan prohibidas las designaciones a término en las plantas transitorias; las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual; las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos; las designaciones transitorias en cargos simples de la planta permanente; las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad previstas en estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.
“Resulta adecuado adoptar diversas medidas con miras a garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal, particularmente en lo que refiere a los regímenes de contratación del mismo que presta servicios en el ámbito del Sector Público Nacional”, argumentó el Gobierno.
