El Gobierno Nacional, a través del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados en Diputados, busca aprobar la reforma de la Ley de Glaciares este martes y sancionarla antes del viernes, con el objetivo de impulsar inversiones mineras en zonas de cobre y litio, pese a que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce esenciales para el consumo humano, la agricultura y la regulación climática. Organizaciones ambientalistas y bloques opositores repudiaron el proceso, en el que solo 400 oradores pudieron exponer de los 100.000 inscriptos en las audiencias públicas.
La reforma, que ya tiene media sanción del Senado, se tratará este martes a las 14 en una reunión de comisiones de Recursos Naturales (José Peluc) y Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz), con exposición de gobernadores de provincias interesadas en la minería. El oficialismo pretende dictaminar y llevar el proyecto al recinto el miércoles 8 para su sanción definitiva.
Los glaciares no son solo paisajes de montaña: son reservas de agua dulce que alimentan ríos y acuíferos, sostienen ecosistemas y comunidades, y regulan el clima. En regiones como los Andes, hasta el 50% del agua en épocas de sequía proviene del deshielo glaciar. La ley actual protege estos cuerpos de hielo y su entorno periglaciar de actividades contaminantes como la megaminería. La reforma, en cambio, permite a las provincias definir qué áreas proteger, abriendo la puerta a la exploración y explotación minera en zonas hasta ahora vedadas, con riesgo de contaminación con cianuro, metales pesados y ácido sulfúrico.
El proceso de audiencias públicas fue cuestionado por la oposición y las organizaciones ambientales, ya que de los 100.000 inscriptos solo pudieron exponer 400 personas (200 presenciales y 200 virtuales), una «simulación de participación» que viola el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente. La reforma, impulsada por el lobby minero y con el apoyo de gobernadores cordilleranos, prioriza los intereses de las corporaciones extractivas por sobre la protección de los bienes comunes y el derecho humano al agua. Los glaciares no son un obstáculo para el desarrollo, sino una condición para la vida. Aprobarla sería un retroceso histórico en materia ambiental.
