El presidente Alberto Fernández decidió presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno nacional considera que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los fondos de coparticipación que le corresponderían a la Ciudad de Buenos Aires es de cumplimiento imposible y no le asignará más recursos al distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.
Así lo enfatizó el presidente Alberto Fernández en la reunión que mantuvo este jueves con gobernadores en la Casa Rosada, donde también se habló sobre conflicto de poderes y hasta sobre la posibilidad de avanzar en el pedido de juicio político a los cortesanos.
«No se preocupen. Este fallo no se puede cumplir”, tranquilizó Fernández a los gobernadores que asistieron a la Balcarce, diez presentes y otros cuatro por Zoom. Cabe recordar que con el fallo de la Corte que le dio la razón a la Ciudad en la disputa por los fondos y definió que la Nación deberá pagarle a la administración del PRO el 2,95% de coparticipación.
El Presidente y los mandatarios coincidieron en las razones técnicas y políticas. En primer lugar, entendieron que el fallo genera un conflicto de poderes porque avanzar sobre las facultades del Poder Ejecutivo de definir cómo se ejecuta el Presupuesto, ya que los fondos que debería entregarle a la Ciudad provienen del dinero previsto para la administración general del Estado y no de la masa coparticipable.
Según la cuenta que hizo el Ejecutivo, el aumento de 0,6% de coparticipación dispuesto por la Corte implicaría una suma de 200 mil millones de pesos. Ya que los recursos del Estado son finitos, ese monto solo podría conseguirse de dos formas: con una modificación de las partidas ya asignadas en el Presupuesto 2023 o bien con un pedido de endeudamiento, que también debería aprobar el Congreso.
“¿Vamos a modificar el Presupuesto 2023 para sacarle plata ya asignada a las provincias para dársela a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué diputados van a votar eso? ¿Cómo lo van a explicar en los distritos?”, se preguntaron los mandatarios provinciales. El plan B, endeudamiento, es impracticable: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impide que el Estado nacional pida más dinero prestado o bien aumente la emisión de pesos.
Otro de los puntos en análisis en la cumbre fue que la Corte Suprema no tuvo en consideración en el fallo el artículo 9 de la ley de cautelares, que se refiere a la afectación de los recursos y bienes del Estado. Según indica, “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”.
