El conflicto laboral en la empresa Granja Tres Arroyos, de Concepción del Uruguay, y las gestiones oficiales para destrabar la situación fueron analizados este jueves en la reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio. El encuentro incluyó un repaso de las acciones que lleva adelante el Gobierno provincial ante una coyuntura que atribuyen a “dificultades financieras puntuales y una escalada de conflictos internos”.
Desde la administración provincial ratificaron que la intervención apunta a facilitar el diálogo entre las partes y resguardar las fuentes de trabajo. Además, recordaron que durante 2025 ya se habían impulsado instancias de negociación para evitar la paralización de la actividad y sostener la continuidad operativa y el pago de salarios.
Tras la reunión realizada en el Salón de los Gobernadores, la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, brindaron detalles sobre la situación. Troncoso explicó que se analizó “la tensión que se está suscitando en Concepción del Uruguay” a raíz de incumplimientos en los pagos, lo que derivó en medidas de fuerza por parte de los gremios.
En ese marco, señaló que la Secretaría de Trabajo convocó de oficio a una audiencia de conciliación, actualmente en desarrollo, con el objetivo de acercar posiciones y establecer un cronograma de pagos “seguro y de cumplimiento posible”.
Paralelamente, el funcionario indicó que el Gobierno provincial, por disposición del gobernador, dispuso asistencia alimentaria a través del Ministerio de Desarrollo Humano para acompañar a las familias afectadas por la situación.
Asimismo, confirmó que se mantienen gestiones con el Ministerio de Desarrollo Económico, autoridades de la empresa y representantes sindicales, tanto en ámbitos formales como informales, con la intención de alcanzar un acuerdo que permita encauzar el conflicto. “Creemos que nuevamente vamos a poder resolver este tema, que es muy sensible”, expresó.
Troncoso remarcó además que, si bien se trata de un vínculo entre privados, el caso involucra alrededor de 900 puestos de trabajo, lo que lo convierte en una cuestión de interés público. “El Estado tiene que estar presente para intentar acercar posiciones y favorecer la composición del conflicto laboral”, sostuvo.
Finalmente, el ministro manifestó su expectativa de arribar a una solución y confirmó la conformación de una mesa de trabajo interministerial, con participación de organismos como ATER y Enersa, para evaluar alternativas de abordaje integral.
En otro orden, durante la reunión de gabinete también se destacó la próxima implementación del reglamento de concursos para la administración pública, una normativa largamente pendiente que será formalizada mediante decreto.
Según explicó Troncoso, el nuevo esquema establecerá criterios objetivos para el ingreso al Estado y la cobertura de cargos permanentes y jerárquicos, con el objetivo de transparentar y profesionalizar el acceso a la función pública
