El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para el financiamiento universitario 2026 que, según gremios y el Consejo Interuniversitario Nacional, busca dejar sin efecto la Ley N° 27.795 al eliminar la movilidad salarial por inflación y la actualización automática de becas, estableciendo incrementos fijos no acumulativos y condicionando la actualización de gastos operativos a un umbral inflacionario.
El proyecto, que modifica sustancialmente el esquema vigente, introduce una «cláusula gatillo selectiva» para los gastos de funcionamiento y hospitales universitarios: solo se actualizarán automáticamente si la inflación supera el 14,3% anual. Este mecanismo no incluye a los salarios docentes y no docentes.
Salarios: techo fijo y sin garantía
En materia salarial, la iniciativa reemplaza la garantía de la ley vigente (que aseguraba que ninguna recomposición mensual fuera inferior a la inflación) por tres incrementos fijos del 4,1% en marzo, julio y septiembre de 2026. Los aumentos no son acumulativos, se calculan sobre los básicos de diciembre de 2025, y el 12,3% total opera como un techo anual.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), señaló que establecer paritarias trimestrales sin piso inflacionario convierte la negociación en un «monólogo» oficial donde los aumentos se definen por resolución ministerial. «Lo que hacen es blanquear que el presupuesto no alcanzaba», sostuvo.
Becas sin actualización automática
El proyecto también elimina la fórmula de recomposición prevista para las Becas Progresar y Manuel Belgrano, que exigía actualización según el IPC acumulado desde diciembre de 2023. El nuevo texto suprime ese mecanismo y atiende el valor real de las becas (actualmente fijado en $28.000) a la disponibilidad de crédito presupuestario del Ministerio de Capital Humano.
Hospitales universitarios
Se asigna una partida específica de $80.072.460.000 para el sistema de salud universitario. Para los gremios, este refuerzo implica un reconocimiento implícito de que el presupuesto previo resultaba insuficiente. La actualización por inflación de los gastos operativos prevista en el proyecto valida, según los sindicatos, las denuncias de desfinanciamiento que motivaron las marchas federales.
Reacciones y encuadre legal
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostuvieron que la referencia debe seguir siendo la ley aprobada en 2025: «Es la solicitud que se hizo en un acuerdo con todas las universidades y es el resultado de un debate social».
La conducción de ADUBA interpreta que la iniciativa no es un mero cambio técnico sino una «respuesta al conflicto legal que se abrió por no aplicar la ley vigente». Al presentar un nuevo esquema con fuentes de financiamiento específicas (Jurisdicciones 88 y 91), el Gobierno intentaría reemplazar la Ley 27.795 por otra norma que ya no asegura la actualización salarial por inflación ni mantiene los mecanismos de indexación establecidos por el Congreso. Los gremios hablan de una «salida política» para cerrar el frente judicial y cambiar las reglas de discusión.
