El Gobierno nacional oficializó este miércoles la derogación de 71 normativas vinculadas al comercio, con el argumento de reducir la burocracia, transparentar el mercado interno y aliviar la carga administrativa sobre las empresas.
La medida, instrumentada a través de la Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial, fue impulsada por la Secretaría de Industria y Comercio, que justificó la decisión señalando que muchas de estas disposiciones “habilitaban controles de precios abusivos, pedían información sin utilidad real o regulaban programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas”.
Normas en desuso
Del total de regulaciones eliminadas:
* 27 estaban ligadas a la ya derogada Ley de Abastecimiento, algunas con más de 50 años de vigencia.
* 24 correspondían al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), organismo que había sido disuelto.
* 20 regulaban programas desarticulados como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas.
Entre las disposiciones alcanzadas figuraban normas que obligaban a las empresas de insumos para la construcción a producir al máximo de su capacidad, requerían información a productores de algodón, fijaban precios máximos en el contexto de la pandemia de COVID-19 o intervenían en la producción y distribución de gasoil, generando distorsiones en el precio final.
En línea con otras derogaciones
Desde el Ministerio de Economía remarcaron que la decisión “suprime regulaciones que distorsionan precios y traban las relaciones de consumo”. Además, destacaron que se suma a más de 170 derogaciones previas impulsadas por la gestión, tanto en comercio interior como exterior.
En este último terreno ya habían quedado sin efecto las licencias automáticas y no automáticas, el sistema SIRA y la DJCP —que implicaba un millón de declaraciones juradas anuales y un costo estimado de USD 5 millones—. También se desactivaron programas de control de precios como Precios Cuidados y el régimen informativo SIPRE.
“Se trata de un paso más en el ordenamiento jurídico que busca consolidar la libre competencia y eliminar trabas burocráticas”, concluyeron desde la Secretaría de Comercio.
