Milei oficializa un decreto para limitar el uso de nombres propios en bienes del Estado y evitar la autopromoción política
El presidente de la Nación, Javier Milei, oficializó este lunes un decreto que establece nuevas restricciones sobre el uso de nombres propios en bienes del Estado Nacional. El objetivo de esta normativa es evitar el uso de recursos públicos para fines de autopromoción personal o partidaria, lo que se considera una violación de los principios republicanos y un uso indebido de los bienes públicos.
La normativa establece que no se podrá denominar a bienes estatales con el nombre de personalidades políticas hasta transcurridos al menos diez años desde su fallecimiento. Además, prohíbe la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras u otras referencias personales en edificios públicos, monumentos y bienes muebles o inmuebles que pertenezcan al Estado Nacional.
Objetivo: garantizar la objetividad y evitar la propaganda partidaria
El Decreto 878/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, busca garantizar una mayor objetividad en la asignación de nombres y denominaciones a espacios públicos, sin que estas dependan de los vaivenes políticos o del uso político de los recursos públicos. En el artículo 1° del decreto, se establece que “se prohíbe la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado Nacional”.
El decreto establece como principio fundamental que las decisiones sobre nombres de bienes del Estado no deben responder a intereses políticos temporales, sino a un juicio objetivo y equilibrado, que se derive del transcurso del tiempo. Según el texto, esta medida permitirá que la denominación de los bienes públicos sea un reflejo de criterios más justos y menos influenciados por la política de turno.
Restricciones a la autopromoción de funcionarios públicos
Uno de los puntos más destacados del decreto es el artículo 3°, que prohíbe a los funcionarios públicos, independientemente de su rango, utilizar recursos del Estado Nacional para promocionar o conmemorar su propia imagen, ideología, afiliación política o partido político. Esta disposición busca frenar el uso indebido de recursos públicos con fines de autopromoción o para hacer propaganda política.
El texto detalla que la prohibición se extiende tanto a los bienes públicos como a los recursos privados del Estado, y prohíbe explícitamente que los funcionarios celebren, promocionen o conmemoren su figura personal en cualquier espacio o actividad vinculada al Estado.
Denuncias y sanciones por infracciones
El decreto también habilita a los ciudadanos a presentar denuncias por infracciones a la normativa sin costo alguno, utilizando la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD). De esta manera, se busca facilitar la participación activa de la ciudadanía en la fiscalización del uso de los recursos públicos y garantizar la transparencia en la gestión pública.
El incumplimiento de estas disposiciones será considerado una infracción grave, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales e incluso penales para los funcionarios o responsables de las violaciones. El gobierno busca asegurar que no haya lugar para el uso indebido de bienes públicos para fines personales o políticos, y que se resguarde el respeto a los principios republicanos en todas las acciones vinculadas a la administración pública.
Repercusiones políticas y sociales del decreto
Este decreto se inscribe en el marco de la política de Javier Milei de reducir la burocracia, la propaganda política y el clientelismo en la administración pública. En su discurso, Milei ha sostenido que los recursos del Estado deben ser utilizados de manera eficiente, sin favorecer a figuras políticas ni utilizarse para promover ideologías o intereses personales.
La medida ha generado reacciones tanto a favor como en contra. Desde sectores cercanos al oficialismo, se ha destacado la importancia de “despolitizar” las instituciones y garantizar que los bienes del Estado se utilicen exclusivamente en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, algunos críticos del gobierno han señalado que la normativa podría tener efectos adversos en el reconocimiento de figuras históricas y en la tradición de homenajes a líderes políticos que hayan tenido un impacto significativo en el país.
No obstante, desde el gobierno aseguran que el decreto no busca desconocer el valor histórico de las personalidades políticas, sino que establece un tiempo prudente para que el juicio sobre esas figuras sea más equilibrado y no esté influenciado por la coyuntura política.
