El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el envío al Congreso de un proyecto para ampliar la privatización de las rutas nacionales, mediante un esquema que busca atraer inversiones privadas a través de exenciones de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Durante su participación en el encuentro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, Caputo explicó que la iniciativa contemplará que las nuevas inversiones destinadas a infraestructura vial queden alcanzadas por un esquema de “cero impuestos”, con el objetivo de reducir costos y acelerar las obras.
“Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal, de manera que se genere más incentivo y que sea más barato todo este proceso de desarrollo y que se haga más rápido”, sostuvo el funcionario.
En un primer momento, el ministro había mencionado 5.000 kilómetros de rutas, aunque posteriormente precisó que el proyecto alcanzará finalmente a 6.000 kilómetros. Caputo también manifestó su expectativa de contar con el respaldo de los gobernadores para avanzar con las exenciones tributarias.
“Ellos coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.
Cuestionamientos por el estado de las rutas
El anuncio se produce en medio de los reclamos por el deterioro de la red vial nacional y de cuestionamientos relacionados con el destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
De acuerdo con el esquema vigente, el 28,5% de la recaudación del impuesto debe destinarse al mantenimiento de la infraestructura de transporte nacional, mientras que el 14,25% corresponde a la red vial.
Un informe del Instituto Argentina Grande sostuvo que los fondos no ejecutados provenientes de este impuesto representarían recursos suficientes para afrontar el mantenimiento de 9.148 kilómetros de rutas nacionales.
El estudio también señaló que el impuesto a los combustibles incrementó su peso sobre el precio final de la nafta súper: pasó de representar el 8,9% del valor en noviembre de 2023 al 18,6% en julio de 2026.
Según el informe, $1,35 billones es el monto adicional que podría haber utilizado la Dirección Nacional de Vialidad si hubiera ejecutado la totalidad de los recursos asignados mediante el ICL. Ese dinero, de acuerdo con la investigación, habría permitido cubrir el mantenimiento anual de unos 9.148 kilómetros de la red vial, equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la red nacional.
Un nuevo esquema para atraer capital privado
El Gobierno ya avanzó con la concesión de cerca de 9.000 kilómetros de corredores viales nacionales, mediante contratos de 20 años que contemplan tareas de mantenimiento, conservación y operación.
La denominada Etapa III, la última adjudicada hasta el momento, comprende corredores que atraviesan Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.
La nueva iniciativa anunciada por Caputo apunta a extender este proceso de privatización y sumar otros miles de kilómetros a un esquema basado en la participación del sector privado.
El principal incentivo para las empresas sería la eliminación de tributos nacionales, provinciales y municipales vinculados con las nuevas inversiones en infraestructura vial. Para avanzar, el proyecto deberá ser tratado por el Congreso y requerirá además coordinación con los gobiernos provinciales.
Durante su exposición, Caputo también cuestionó a quienes critican al Gobierno por la situación de las rutas y apuntó contra la administración anterior: “Verlos criticar me parece cómico”, sostuvo, en declaraciones que fueron difundidas por Ámbito.
