Como ocurrió en la Cámara Baja, esta semana el Senado de la Nación aprobó el proyecto que extiende los plazos de pagos estipulados en el crédito Stand By de 2018. Luego de conocerse la inflación de febrero, el presidente Alberto Fernández anunció una guerra contra la especulación. El horizonte es 2023.
Por Mariano Osuna
El jueves pasado, la Cámara Alta dio sanción definitiva al proyecto que refinancia la deuda de 44.500 mil millones de dólares, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tomada por la administración de Mauricio Macri hace cuatro años. El tablero final dio 56 votos a favor, donde el respaldo mayor fue proporcionado por Juntos por el Cambio con 32 senadores, mientras que el Frente de Todos aportó 20 votos. Los cuatro apoyos restantes correspondieron a Alejandra Vigo, dirigente cordobesa y esposa del gobernador Schiaretti; la misionera Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia; el ex gobernador Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro; y la riojana Clara del Valle Vega, que ingresó por Cambiemos y luego se fue distanciando. Vale destacar que los tres escaños entrerrianos, compuestos por el oficialista Edgardo Kueider, y los opositores Alfredo De Ángeli y Stella Olalla, votaron afirmativamente durante la jornada que duró más de nueve horas.
La cuenta final, con acuerdos mayoritarios de las distintas coaliciones y de los gobernadores, tuvo 13 votos negativos, donde se destacaron la mendocina Anabel Fernández Sagasti, el neuquino Oscar Parrilli, el puntano Adolfo Rodríguez Saá y la dirigente bonaerense Juliana Di Tullio. Además, hubo tres abstenciones, donde la única sorpresa fue la neuquina Lucila Crexell, de Juntos por el Cambio.
Sin respiro
Con ese panorama, el Gobierno nacional promulgó en tiempo récord la Ley, con el objetivo de dar vuelta la página de lo urgente sobre uno de los problemas estructurales más significativos a resolver. Es que casi en sintonía, mientras continuaban los ecos de una herida abierta al interior del Frente gobernante, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) daba a conocer el número mensual de inflación, con una cifra encendida de 4,7% durante febrero, donde el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un incremento de 7,5%, con un acumulado de 8,8% durante el primer bimestre del 2022.
Es la inflación
En un contexto donde por primera vez la pandemia no aparece entre los cinco temas prioritarios de las agendas gubernamental, pública, mediática y ciudadana, el debate pasa por la presión en los flacos bolsillos trabajadores, desgastados por la crisis económica consolidada durante los últimos años de la gestión de Cambiemos, profundizada por el desastre sanitario mundial que trajo el Coronavirus, caracterizado por una inflación que desde 2018 siempre estuvo cerca de los 50 puntos de incremento anual. En ese contexto, el salario tuvo desacoples terminales durante 2017, 2018, 2019 y 2020, sin ningún alivio, mucho menos shock de ingresos en las mesas trabajadoras, que revivieron una desorganización en las vidas cotidianas, en los modos de consumos y en los gastos diarios de las familias argentinas.
A horas de conocerse el nuevo índice de inflación, y dos días previos a la votación del Senado sobre la refinanciación de la deuda, el presidente Alberto Fernández inauguró las obras de la estación Tortuguitas, del ferrocarril Belgrano Norte, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde adelantó que el viernes (por anteayer) comenzaría una guerra contra la inflación. El anuncio dio lugar a distintas especulaciones, en materia de retenciones y acuerdo de precios, atravesado por las propias internas del Frente de Todos, materializadas en este tema en los cortocircuitos visibles en Energía, como también entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la estratégica Secretaría de Comercio Interior. De fondo, se desnudan bajo formas más tangibles las diferencias esperables en cualquier coalición, aunque complejizadas luego de la derrota electoral de los comicios de medio término, y agudizadas por la votación al entendimiento con el FMI.
Retenciones y Fondo Estabilizador
Finalmente el viernes llegó. Con un mensaje grabado, el primer Mandatario dio su mirada geopolítica y explicó el escenario internacional, determinado por los efectos y las consecuencias de la guerra desatada entre Rusia, Estados Unidos, OTAN y Ucrania. Al contrario de lo esperado los días previos, tal vez por la propia estrategia comunicacional que ejecutó el Gobierno nacional, el discurso del Presidente no tuvo anuncios concretos, salvo la puesta en funcionamiento de un fideicomiso, denominado Fondo Estabilizador, con el propósito de desacoplar los precios internos de los valores internacionales del trigo, uno de los daños colaterales más concretos luego del inicio de la parte más cruda de una guerra fría, existente hace mucho tiempo, el pasado 24 de febrero.
Un día después, durante la mañana de este sábado, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, dio un discurso con mayores precisiones sobre los anticipos dados por Fernández. Allí, confirmó la creación de un Fondo Estabilizador Temporal del trigo argentino, que implica una suba de retenciones de dos puntos, que sólo alcanzará a 11 empresas de aceite de soja y harina, de las cuales 8 representan el 95% del mercado en materia de exportaciones. En su intervención, el Funcionario aclaró que ese incremento no afectará a productores ya que actualmente tributan ese porcentaje y advirtió que “la filosofía de este ministerio es defender la gallina de los huevos de la Argentina”.
Las encuestas, propias y ajenas, ponen la inflación como el problema principal y mayoritario que aqueja a los argentinos. La reacción gubernamental sobre este punto también trae sus roces internos, más aún cuando en el horizonte, no tan lejano por cierto, aparecen las elecciones presidenciales del año próximo. La problemática tiene multicausales, que refiere a las propias características estructurales del sistema productivo argentino, como también a resortes especulativos instalados en el mediano plazo. Su abordaje requiere de distintas medidas macroeconómicas, como también de decisiones políticas de raíz, donde se ponga en juego las prioridades de las economías regionales, las necesidades del mercado interno, las dificultades de la concentración del mercado y de las maniobras de poderosos oligopolios, el rol de los intermediarios, los costos de transporte y el desfase producido por las implicancias en las cadenas productivas y comerciales. El incumplimiento de los distintos programas de acuerdos de precios, la falta de fiscalización y control, y las remarcaciones especulativas en las distintas etapas productivas, complejizan aún más un escenario de años de inflación galopante sin una recomposición en los ingresos que permita un respiro. Pese a los intentos de mesas de diálogos con quienes tienen las lapiceras, las circunstancias necesitan de una definición contundente del Gobierno nacional, donde es difícil que todos terminen contentos.
Ya con el tercer año de mandato presidencial iniciado, las cartas del Ejecutivo deben ser urgentes y significativas, de un plan a corto, mediano y largo plazo en el combate contra la inflación. La discusión interna en el Frente de Todos y la carencia de esas definiciones, afectan el capital político sembrado por la alianza gobernante, en vísperas a un nuevo año electoral, donde la oposición, con sus propias tormentas, intenta sacar provecho del mapa político que dejó la última votación en el Congreso nacional.
Si el 2023 es el horizonte, el Gobierno nacional deberá especificar la hoja de ruta que recorrerá en la última etapa de la gestión Fernández. Eso también incluye a las distintas patas que conforman el Frente, incluido La Cámpora y el kirchnerismo, porque pese a las diferencias y las aspiraciones legítimas, e incluso a los posicionamientos públicos y legislativos diversos, todos son parte del contrato electoral firmado en 2019 y de las expectativas que eso trajo. Sin capital político, no hay 2023, y esa encrucijada precisa de decisiones claves en los ejes prioritarios del Gobierno.
