Desde Nación, respondieron a los cuestionamientos del relator especial del organismo.
En una respuesta al relator especial sobre la independencia de jueces y fiscales de la ONU, Diego García-Sayán, el Gobierno Nacional avaló el juicio político de Entre Ríos que destituyó a la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche. Además, reivindicó a la Oficina Anticorrupción como un ejemplo de “lucha contra la corrupción”, pese a que se retiró como querellante en las causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios.
Se trata de la ex fiscal que impulsó el juicio a través del cual la justicia entrerriana condenó a 8 años de presión al ex gobernador de esa provincia y ex embajador en Israel, Sergio Urribarri.
Entre otras irregularidades, el Jury que la destituyó no estuvo integrado por fiscales y la mayoría de sus miembros respondían, desde el punto de vista político, a Urribarri o al actual gobernador Gustavo Bordet. Desde que fue destituida en mayo pasado, Goyeneche reclama ser restituida por dos caminos. Uno con un recurso ante la Corte, que está pendiente de resolución. Y otro con estos mecanismos internacionales de la ONU.
Esa relatoría es la misma a la cual los organismos de derechos humanos alineados con la vicepresidenta Cristina Kirchner denunciaron a la Corte. Un pedido parecido pero dirigido solo contra el miembro del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, ni siquiera fue aceptado, hasta ahora, por García-Sayán.
En un escrito presentado en respuesta al reclamo de Goyeneche, el Ministerio de Justicia manifestó que “una administración de justicia que garantice el Estado de Derecho debe enarbolar tanto la independencia orgánica de sus funcionarias/os judiciales, como su rendición de cuentas”, al avalar el polémico Jury entrerriano.
La respuesta la firmó la Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Andrea Pochak. En el escrito de contestación, el gobierno informó que “la OA fue la responsable de la elaboración de la Estrategia Nacional de Integridad, con el propósito de transversalizar la integridad a lo largo y ancho de toda la administración pública”.
Además, la OA “incorporó una perspectiva integral, federal y plural, con arreglo a las Convenciones Internacionales contra la corrupción de la ONU, la OEA y la OCDE”, agregó. Luego citó las respuestas del gobierno entrerriano y del sector mayoritario del Jury que la destituyó.
Por otra parte, destacó que “la existencia de un efectivo sistema de control de la conducta de las/os funcionarias/os públicas/os es un aspecto imprescindible en cualquier Estado de Derecho”. “Su adecuado funcionamiento es exigido por el derecho internacional, por lo que una administración de justicia que garantice el Estado de Derecho debe enarbolar tanto la independencia orgánica de sus funcionarias/os judiciales, como su rendición de cuentas”, reiteró.
En ese sentido, comentó la respuesta del Gobierno, “la puesta en marcha de un efectivo sistema de rendición de cuentas dirigido a las/os operadoras/es judiciales constituye nada menos que el cumplimiento de la obligación del Estado de tomar medidas que aseguren la plena vigencia de los derechos humanos”.