La connivencia del gobierno que comandó Alberto Fernández con agrupaciones mapuches ya no está en duda. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas actuó como soporte de familias que se escudaron bajo supuestas descendencias ancestrales para lograr beneficios del Estado. Y lo consiguieron.

La actual conducción de Parques Nacionales puso bajo la lupa las cesiones que la gestión anterior otorgó y también el constante soporte logístico a las comunidades por parte de los organismos públicos, a pesar de que algunas ocuparon ilegalmente tierras pertenecientes al Estado.

El gobierno de Javier Milei tiene como prioridad recuperar las tierras otorgadas, anular los convenios firmados y revisar los reconocimientos que el INAI otorgó a más de 200 agrupaciones.

A partir de una publicación de Infobae, el Gobierno anuló el convenio que Parques Nacionales firmó en 2021 con la fundación que preside el militante social y ex funcionario de la administración Fernández –cercano a Juan Grabois-, Franco García Dellavalle, que contemplaba la entrega de 2 hectáreas en la costa del lago Mascardi. “Un obsequio a los amigos del poder”, denunciaron fuentes del organismo, poco antes de rescindir el contrato.

El vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de anunciar la anulación del pacto. Sin embargo, no sería el único caso que está bajo la atenta mirada de la nueva conducción de Parques.

Ceremonia mapuche en Villa Mascardi

Uno de los casos emblema del acompañamiento gubernamental a los usurpadores es el que comenzó en noviembre de 2017 en Villa Mascardi, donde un grupo de 30 personas se instaló hasta 2022 en dos predios pertenecientes a Parques Nacionales.

En octubre de ese año, cuando se ejecutó el desalojo de esos lotes y de otras propiedades privadas que también fueron usurpadas, la Policía Federal secuestró tarjetas de planes otorgados por el gobierno nacional.

El grupo que comandó la usurpación se autodenominó Lafken Winkul Mapu, aunque la mayoría de sus integrantes conformaban otra agrupación mapuche que ya había usurpado tierras cerca de Bariloche, incluso una plaza pública.

Uno de sus integrantes es Matías Santana, conocido popularmente como “el mapuche de los binoculares” por haber declarado que vio cuando Santiago Maldonado era trasladado por gendarmes. Más tarde fue imputado por falso testimonio.

En la vivienda que compartía con su pareja, la “machi” Betiana Colhuan -líder espiritual de la autoproclamada comunidad ancestral- encontraron las tarjetas del Plan Alimentar que le había otorgado el gobierno nacional para la adquisición de víveres.

La Administración de Parques tuvo un rol conciliador con la agrupación mapuche. Incluso, cuando promediaba el conflicto judicial, abandonó la querella en la causa por la ocupación de tierras públicas. La permanencia en la parte acusadora de la ex fiscal federal Sylvia Little sostuvo el expediente y evitó que la causa se caiga. Poco después, por la presión mediática, debió retomar la querella.