El Gobierno nacional avanza en un nuevo paquete de reformas orientadas a profundizar la desregulación económica y una de las iniciativas que genera mayor debate es la vinculada al mercado inmobiliario. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, podría llegar al Congreso durante junio.
La propuesta forma parte de un conjunto de medidas que también incluye cambios en áreas como el régimen de cabotaje y la comercialización de medicamentos. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es reducir costos, aumentar la competencia y eliminar regulaciones que consideran “obsoletas”.
Cambios en el corretaje inmobiliario
Uno de los puntos centrales de la reforma apunta al funcionamiento del sector inmobiliario y plantea modificaciones profundas sobre el sistema de intermediación, las matrículas profesionales y los honorarios.
Entre las medidas que analiza el Gobierno aparecen:
- La eliminación de honorarios mínimos obligatorios
- La flexibilización de la matriculación profesional
- Menores restricciones para plataformas digitales y empresas Proptech
- La apertura del mercado a nuevos operadores tecnológicos
Actualmente, quienes desean desempeñarse como corredores inmobiliarios o martilleros públicos deben contar con título universitario y matrícula habilitante otorgada por colegios profesionales provinciales.
La iniciativa oficial busca flexibilizar esas exigencias y permitir que cualquier persona pueda intervenir en operaciones inmobiliarias sin necesidad de acreditar formación específica ni matrícula obligatoria.
Desde el oficialismo aseguran que el esquema vigente limita la competencia y encarece las operaciones.
“Eliminar privilegios”
Semanas atrás, Sturzenegger adelantó que el Ejecutivo trabaja en medidas destinadas a flexibilizar el mercado inmobiliario y reducir costos de intermediación.
Según expresó durante una exposición organizada por Reporte Inmobiliario en la Universidad Católica Argentina, el objetivo es eliminar “privilegios” y derribar barreras que dificultan el ingreso de nuevos actores.
Dentro del Gobierno consideran que gran parte de los costos vinculados al corretaje funcionan bajo estructuras poco competitivas y creen que una mayor apertura favorecerá el desarrollo de nuevos modelos de negocio, digitalización y comercialización online.
Apoyo desde sectores tecnológicos
Algunos sectores ligados a la innovación y las plataformas digitales respaldaron la iniciativa.
Uno de ellos fue Jorge Amoreo Casotti, titular de la startup inmobiliaria PINT, quien sostuvo que la desregulación permitiría el ingreso de nuevos actores y fomentaría una mayor competencia.
“El sistema actual transformó una actividad comercial en una profesión científica”, afirmó.
Además, consideró que muchos costos administrativos y de intermediación terminan impactando directamente sobre compradores, vendedores e inquilinos.
Advertencias y críticas del sector
Sin embargo, dentro del mercado inmobiliario también surgieron voces críticas y posiciones intermedias respecto de la posible reforma.
El economista y abogado Diego Álvarez Espín señaló que existe margen para modernizar procesos y reducir costos, aunque advirtió que una desregulación total podría afectar la seguridad jurídica de las operaciones.
“El mercado necesita más competencia y modernización, pero sin perder estándares mínimos de responsabilidad e idoneidad”, sostuvo.
En la misma línea, Marta Liotto cuestionó la posibilidad de eliminar controles y defendió el rol de la matrícula profesional.
“La responsabilidad profesional brinda seguridad jurídica. Permitir el ingreso de personas no calificadas puede generar fraudes y malas prácticas”, advirtió.
Por su parte, Alejandro Bennazar consideró que el debate debería enfocarse también en problemas estructurales del sector, como el financiamiento, la burocracia y las demoras administrativas.
“Hay proyectos que tardan años en aprobarse y eso termina afectando toda la actividad”, expresó.
Mientras tanto, el Gobierno continúa trabajando en el texto definitivo de la reforma y espera avanzar con su envío al Congreso cuando exista un escenario político favorable para su tratamiento legislativo.
