El rechazo de los bloques aliados, Hacemos Coalición Federal y Unión Cívica Radical, a distintos artículos de la Ley “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” dinamitó los acuerdos previos con Milei. Los desafíos de maniobra de Frigerio en un escenario sin transferencia de recursos desde Casa Rosada.
Periodista
Hace nueve días, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general, por 144 votos a favor, el proyecto de Ley conocido como Ómnibus, que originalmente abarcaba 351 páginas y 664 artículos. El extenso paquete de reformas implicaba, entre otros temas, la emergencia pública de manera integral, las facultades delegadas para el presidente Javier Milei, la promoción de privatizaciones, cambios fiscales e impositivos, la derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la utilización de la boleta única papel, la declaración de esencialidad de la educación, la modificación del código penal, el incremento de retenciones a la producción agropecuaria y las economías regionales, y la suspensión de la movilidad jubilatoria.
Semáforo rojo
Luego de la polémica por el último escrito del dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales, la negociación en el recinto, con el ala dialoguista de la oposición, dejó un texto final de la iniciativa Bases con 382 artículos. Salvo las bancadas de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda que rechazaron el proyecto completo, como también del PRO que acompañó sin disidencias la propuesta de La Libertad Avanza, el resto de los bloques apuntaban al acompañamiento de un porcentaje significativo del contenido de la Ley pero con una serie de solicitudes sobre articulados específicos que generaban ruidos en las provincias o en distintos sectores productivos. La negativa de Casa Rosada para la búsqueda de caminos alternativos o para la construcción de contraofertas a los pedidos de los bloques cercanos, obligó a los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (Frigerio en Entre Ríos, Pullaro en Santa Fe, Macri en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Zdero en Chaco, Torres en Chubut, Cornejo en Mendoza, Valdés en Corrientes, Sadir en Jujuy, Poggi en San Luis y Orrego en San Juan) a expresar una postura más dura a la diseñada en el plan original. De igual manera lo hicieron los mandatarios peronistas que apoyaron el texto consensuado en Comisiones, como Sáenz de Salta, Jaldo de Tucumán y Llaryora de Córdoba, e incluso los jefes de partidos provinciales, como Passalacqua de Misiones, Figueroa de Neuquén y Vidal de Santa Cruz.
Sin embargo, la votación general del viernes 2 de febrero finalizó con 144 adhesiones y 109 rechazos, donde se destacaron cuatro posicionamientos negativos de Hacemos Coalición Federal (Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Esteban Paulón), dos del radicalismo (Facundo Manes y Pablo Juliano) y uno de Por Santa Cruz (Sergio Acevedo). Cuatro días después era el turno de la votación en particular, donde se especulaba con una reunión previa, encabezada por el propio Milei, con los mandatarios provinciales para destrabar la negociación. No obstante, el Gobierno nacional sostuvo su postura inflexible y decidió ir al recinto con la premisa de resistir cualquier otra alteración al contenido del proyecto, en una peligrosa jugada a todo o nada. El inicio de la discusión en el recinto, efectuada el martes 6, dejó derrotas en el poroteo de los primeros artículos, que despertó la alarma en La Libertad Avanza y desencadenó la finalización abrupta de la Sesión Especial de la Cámara Baja antes que se llegue al debate por las privatizaciones.
Una parada antes
En la antesala al tratamiento más minucioso, la mesa chica de Casa Rosada entendía que se había desvirtuado el espíritu de la ley y que los bloques aliados no cumplieron su palabra, incluso aquellos que tienen funcionarios dentro del gabinete nacional, como las administraciones provinciales de Córdoba y Salta. La vuelta del texto a Comisiones, solicitada por el jefe de la bancada oficialista, Oscar Zago, significó el regreso a foja cero, perdiendo la aprobación general de la mega propuesta. “Un proyecto que después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna”, expresa de manera textual el artículo 155 del Reglamento del cuerpo legislativo. El Gobierno nacional eligió la ruta más hostil, que fue culminar la negociación y retirar la iniciativa de la votación. Los análisis posteriores, de propios y ajenos, conceptualizan el desenlace como un fracaso provocado por la improvisación, la falta de cintura política y la carencia de interlocutores con poder real de decisión para incorporaciones o modificaciones.
El descontento de los partidos o coaliciones aliadas arrancó con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70/2023 “Bases para la reconstrucción de la economía Argentina”, que contiene 366 artículos y avanzó en cambios estructurales en las políticas económicas, educativas, sanitarias, culturales, tributarias, fiscales, laborales, previsionales, productivas, sociales, comunicacionales y energéticas, sin opinión previa del Congreso nacional, ni siquiera de los partidos con funcionarios en el Ejecutivo nacional. Esa frustración fue seguida por el manoseo con la letra chica (y no tan chica) del dictamen, que fue consensuado en la madrugada del miércoles 24 de enero, pero que tuvo en su publicación final, 13 horas después, modificaciones drásticas no pautadas. El vaso se siguió llenando con las acusaciones directas de Milei sobre coimas y valijas, como también las advertencias del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las transferencias discrecionales y los recursos coparticipables para las 24 jurisdicciones.
El zigzagueo oficial sobre la incorporación de un porcentaje del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) para ser distribuido entre las provincias y la postura inamovible de Casa Rosada terminó destruyendo los puentes con los bloques aliados, especialmente con los escaños liderados por el experimentado Miguel Pichetto, que conduce el espacio que nuclea a la Coalición Cívica, Florencio Randazzo, los socialistas de Santa Fe, los peronistas de Córdoba, Margarita Stolbizer, el liberal Ricardo López Murphy, los ex Cambiemos Emilio Monzó y Nicolás Massot, y el entrerriano Francisco Morchio, tal vez la única espada orgánica a las órdenes de Frigerio y Casa Gris. En una situación similar estaba el radicalismo, donde el referente cordobés Rodrigo de Loredo tuvo que surfear entre los dardos del Presidente, las internas de su propio partido y la necesidad de diferenciarse con el Mandatario cordobés que impulsaba la distribución federal del tributo aplicado a la compra de monedas extranjera.
Los mandatarios provinciales y los aliados del Congreso nacional fundamentaron que La Libertad Avanza nunca tuvo como propósito la sanción de la Ley, sino una demostración de fuerza que consolide el capital político y ponga en valor la legitimidad ganada el pasado 19 de noviembre, en el balotaje presidencial. El Presidente recogió el guante y afirmó que el Gobierno “mandó un proyecto de ley al Congreso para devolverle la libertad a los argentinos. En este proyecto está reflejado nuestro proyecto de país”. En un escrito difundido en redes sociales explicó que lo sucedido en la Cámara Baja “representa el problema al que nos estamos enfrentando. Un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La Casta”. En otro pasaje del comunicado, el primer Mandatario expresó que “durante muchos años hubo un grupo de políticos que dice representar la moderación, el diálogo, el consenso y la sensatez, que lo único que hacen es garantizar el statu quo a cambio de negocios personales”. Además, recordó que había anticipado que “si no acompañaban los cambios, los íbamos a exponer frente a la sociedad para que sus negociados, privilegios y corrupción quedaran expuestos”. Por último, advirtió que no le importan “las operaciones, las difamaciones, los títulos de los diarios. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer”.
Las declaraciones del jefe libertario ratificaron la hipótesis oficial respecto a la idea de exponer a sectores, autopercibidos como aliados, con la crítica y justificación que juegan su propio partido para sobrevivir en el escenario político. Los despidos, aún no oficializados, de la salteña Flavia Royón de la secretaría de Energía y del cordobés Osvaldo Giordano como titular de Anses, confirman esa línea de pensamiento, con un mensaje directo a los ¿aliados? del peronismo. Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que juegan su propia disputa por la conducción del PRO, siempre se opusieron a la llegada de funcionarios de los gobernadores Llaryora y Saénz al gabinete, como también del cambiante Daniel Scioli, que se mantuvo informalmente en la embajada argentina en Brasil durante enero, y que ahora reporta, sin designación oficial, como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, bajo las órdenes del ministro del Interior, Guillermo Francos.
Decreto vigente
El pasado 29 de diciembre entró en vigencia el mega DNU, atravesado por un abanico de temáticas, como la denominada Ley Ómnibus, pero caracterizado por el objetivo central de la desregulación de la economía. Sin embargo tiene varios pasajes judicializados, con seis cautelares sobre las reformas laborales, una cautelar respecto a las sociedades anónimas deportivas y fallos contra el incremento de las prepagas. Algo similar había ocurrido con el apartado sobre la libertad de posesión y venta de tierras en manos extranjeras, que había sido frenada por el juez federal Ernesto Kreplak pero que fue revocada por su par, Alberto Recondo, habilitando su aplicación.
Como explicó Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, la normativa Nº 26.122 establece el régimen legal de los decretos, de la delegación legislativa y de la promulgación parcial de las leyes. En su artículo Nº 19 fija que la Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles, contados desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete, para expedirse respecto al Decreto y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. Vencido ese período, el artículo Nº 20 sostiene que diputados y senadores deben efectuar el tratamiento inmediato del DNU en cuestión, mientras que el artículo Nº 24 precisa que el rechazo de ambos cuerpos significa su derogación. En esa línea, los integrantes de los bloques “Frente Nacional y Popular” y “Unidad Ciudadana”, José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Sagasti, Sergio Leavy y Juan Manzur, elevaron una nota a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, pidiendo una sesión especial para el pasado 1 de febrero, que la referente libertaria nunca respondió. El miércoles pasado, los dirigentes opositores denunciaron el incumplimiento de la Vicepresidenta de la Nación y exigieron el llamado a sesión para el próximo 15 de febrero, con el fin de dar tratamiento al DNU 70/2023.
Sin ómnibus tampoco hay colectivos
En ediciones anteriores de esta columna en LA CALLE, se describió el complejo escenario respecto a la coparticipación a las provincias, como también de los fondos por fuera de ese sistema de recaudación y distribución de recursos. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que durante enero se redujeron en un 98% las transferencias discrecionales a las 24 jurisdicciones. A ese escenario, hay que sumarle la situación extrema de Entre Ríos, Jujuy, Catamarca, Santa Cruz, Chaco, Formosa, Salta, Tierra del Fuego, La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis y Río Negro, que directamente no recibieron dinero del Ejecutivo nacional, en un reparto que incluye el financiamiento para la caja de jubilaciones provinciales, el Fondo de Incentivo Docente, los Aportes del Tesoro Nacional y la Asistencia directa a los distritos. A ello hay que añadirle un condimento más, ya que la caja correspondiente a la coparticipación tuvo además una disminución que osciló entre el 12% y el 15%.
Este jueves, la Secretaría de Trabajo de la Nación difundió otra mala noticia para los ejecutivos provinciales y los presidentes municipales, ya que anunció la eliminación del Fondo Compensador del Interior, creado en 2007 con el objetivo de subsidiar el transporte urbano y suburbano de pasajeros. Entre las argumentaciones, el Gobierno recuerda el Pacto Fiscal firmado en 2017 y 2018, cuando Frigerio era ministro del Interior de Cambiemos, donde las provincias asumieron compromisos para las compensaciones tarifarias y los subsidios al transporte. A la par, anticiparon un descuento del 55% del boleto para las personas que utilizan el servicio con la tarjeta SUBE, con el propósito de que “los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo”. La noticia, más allá de los fundamentos del Ejecutivo nacional, surge en un contexto atravesado por el enojo de Casa Rosada con los gobernadores, especialmente con los diez mandatarios de Juntos por el Cambio, a quienes les recuerdan que la plataforma electoral de esa fuerza coincidía con el 80% de los contenidos de la Ley Bases.
Según los datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación, en 2023 se destinaron 102 mil millones de pesos de subsidios al transporte del interior mediante el mencionado Fondo Compensador. La situación del sistema de pasajeros en las provincias se suma a la pérdida de recursos vinculados a las transferencias discrecionales, al cese de la obra pública, a la eliminación de fondos para viviendas y a la merma de los montos enviados por coparticipación federal. En conferencia de prensa, el Gobernador de Entre Ríos avisó que “en todos los lugares del mundo se subsidia, porque se entiende en general que el transporte público tiene externalidades positivas para la sociedad y el ambiente». En esa línea, advirtió que el problema es “que el Gobierno nacional se ha corrido de este tema, no ha transferido un solo centavo. En casi 60 días no hemos recibido un solo peso, de ningún tipo, tampoco en materia de subsidios». Unos días antes, el Ejecutivo provincial encabezó una mesa de trabajo con las ciudades entrerrianas que poseen el servicio de transporte, donde asumió el compromiso de los fondos de febrero ante los representantes de los municipios de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, La Paz y Chajarí. En paralelo, los intendentes, alarmados por la gravedad del anuncio nacional, fortalecieron su organización mediante una Red Federal, promovida por Pablo Javkin de Rosario, Daniel Passerini de Córdoba, Rosario Romero de Paraná, Guillermo Montenegro de Mar del Plata, Juan Llamosas de Río Cuarto, Juan Poletti de Santa Fe, Emiliano Durand de Salta y Eduardo Tassano de Corrientes.
Agenda de Casa Gris
Frigerio cumple dos meses de gestión, con un horizonte que se distribuye entre la articulación con el Gobierno nacional, la resignificación de las referencialidades del PRO y de Juntos por el Cambio, el ordenamiento del Estado provincial, y la necesidad de resultados tangibles que consoliden su liderazgo. En el último eje, la Cámara de Diputados avanzó en el debate de iniciativas enviadas por Casa Gris, donde se dio continuidad al tratamiento del Régimen legal de transición de gobierno, que luego de la participación de funcionarios del gabinete provincial contó con la presencia de representantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Empleado/Personal Legislativo (APLER), como también del Instituto de Derecho Constitucional y Administrativo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER).
En simultáneo, las comisiones de Legislación General y de Empleo, Previsión y Seguridad Social, comenzaron la discusión de la derogación de la Ley 4.506 de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, con la presencia del secretario de Legal y Técnico, Esteban Vitor, del secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro, y del presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. Como detalló Punto y Seguido, la iniciativa fija que ningún funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal, podrá ser beneficiario de pensiones especiales, otorgadas por la administración provincial, que no provengan del sistema de jubilaciones ordinario.
Por otro lado, la Cámara Alta celebró el jueves pasado una sesión de prórroga, donde se aceptó la renuncia a su banca del ex intendente de María Grande, Hugo Maín, y se tomó juramento a su reemplazante, la paranaense Claudia Silva, esposa del ex presidente municipal de la capital provincial, Adán Bahl. Aunque su designación había traído cuestionamientos internos en el justicialismo entrerriano, más en un contexto de calendario electoral abierto para la renovación de autoridades del PJ, el jefe de la bancada opositora saludó la llegada de la nueva dirigente. “Es un gusto que la Cámara la reciba, y en particular es para nuestro bloque importante su aporte”, expresó el ex intendente de La Histórica, Martín Oliva. Durante el encuentro, con apoyo del peronismo, se aprobó sobre tablas la propuesta girada por la Casa Gris, que declara la emergencia pública en materia educativa en Entre Ríos, con la finalidad de poner en condiciones edilicias a todas las escuelas para el inicio de clases, y que implementa un Plan de Alfabetización para el nivel inicial, primario y secundario de la provincia. Una decisión que tuvo contraste con la llamativa ausencia entrerriana en la declaración del Consejo Federal de Educación, que nuclea a las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones, donde se manifiesta la incertidumbre por la falta de remisión de los recursos contemplados en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Compensación Salarial Docente y el Fondo de Infraestructura, estipulados en las normativas Nº 26.075 y Nº 25.053. El reclamo, elevado en una carta al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, no tiene la firma de la titular del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, ni tampoco de otra autoridad de la provincia.
Luego de la visita del Gobernador a la sede central del sindicato UPCN, con promesas de convenio colectivo de trabajo y respeto a la carrera administrativa, el Ejecutivo de la provincia prosiguió con las instancias paritarias con los gremios docentes y los sectores estatales, y anunció el incremento desde marzo del 75% de las partidas a comedores escolares y de los complementos de Riesgo Social. A la espera de definiciones sobre dependencias nacionales en Entre Ríos que se encuentran acéfalas, Frigerio profundiza su diálogo con las comunas y los municipios para la planificación de los próximos meses, especialmente respecto a la cuestión financiera de la provincia. En paralelo, fortalece el vínculo con las administraciones gubernamentales de Santa Fe y Córdoba, para un trabajo articulado sobre la gestión cotidiana y los desafíos estructurales, pero también como caparazón frente a la ola de recortes de Casa Rosada.
A la espera del regreso al país de Milei, el Mandatario entrerriano apuesta a su fluida relación con el referente libertario, en tanto se define el futuro de lo que fue la alianza de Juntos por el Cambio, que además de las internas entre sus partidos fundantes tiene rupturas al interior del PRO, pero que conserva diez gobernadores surgidos de esa coalición. No obstante, su rol nacional dependerá de su capacidad de gestión en Casa Gris.
