Pablo Morelo, presidente de la entidad, calificó como “un paso importantísimo” la media sanción de Diputados a la nueva ley de protección social para las personas con discapacidad, aunque advirtió que persisten graves dificultades en el sector. Entre los principales reclamos mencionó los atrasos en los pagos a prestadores, la entrega de medicamentos, las pensiones y la falta de inversión en políticas de atención integral.
La media sanción otorgada por la Cámara de Diputados representa un avance para el sector, según consideró Morelo en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas. No obstante, remarcó que la aprobación legislativa debe traducirse en medidas concretas por parte del Poder Ejecutivo y en la asignación de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos por la normativa.
El dirigente destacó que la votación contó con un respaldo amplio y permitió mantener aspectos de la Ley de Emergencia en Discapacidad que habían quedado excluidos de la propuesta inicial del oficialismo. Ahora, la iniciativa deberá continuar su tratamiento en el Senado.
Sin embargo, sostuvo que el debate parlamentario no resuelve por sí mismo las dificultades cotidianas de las personas con discapacidad y sus familias. “La emergencia no se reduce a una ley, la emergencia es lo que vive la gente”, afirmó.
Prestaciones, medicamentos y pensiones
Entre las principales preocupaciones, Morelo señaló la falta de recursos suficientes para sostener las prestaciones y las dificultades que enfrentan las obras sociales. También advirtió sobre las demoras en la entrega de medicamentos y pañales, así como los retrasos en el otorgamiento de pensiones por discapacidad.
Según explicó, la falta de una pensión puede impedir el acceso no solo a un ingreso económico, sino también a medicamentos y otras prestaciones necesarias para la atención de las personas.
El titular del Foro Permanente de Discapacidad cuestionó, además, la situación de los prestadores, cuyos aranceles —indicó— acumulan un atraso de al menos el 30%. A esto se suma una compensación correspondiente a la pérdida de ingresos de 2024 que, de acuerdo con sus declaraciones, todavía no fue abonada.
Esta situación, advirtió, dificulta la cobertura de los costos operativos y el sostenimiento de los servicios, con consecuencias directas sobre la continuidad de la atención.
Reclamos por la falta de políticas públicas
Morelo también cuestionó la falta de políticas orientadas al desarrollo integral de las personas con discapacidad y sostuvo que es necesario fortalecer la atención primaria para detectar necesidades y brindar respuestas oportunas.
En ese marco, reclamó una mayor participación de las provincias, especialmente en la atención de quienes no cuentan con cobertura médica y dependen exclusivamente del Estado.
El dirigente consideró que la responsabilidad debe ser compartida entre la Nación y las jurisdicciones provinciales, mediante una planificación conjunta que contemple tanto los recursos económicos como la infraestructura y el personal necesarios.
“Hay que sentarse como país federal que somos y abordar las responsabilidades tanto nacionales como provinciales”, planteó. De lo contrario, advirtió, las personas con discapacidad serán las principales perjudicadas por la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado.
Asimismo, señaló que la atención suele concentrarse en los grandes centros urbanos, mientras que numerosas localidades y zonas rurales enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios especializados.
Cuestionamientos al Gobierno nacional
El presidente del Foro expresó fuertes críticas hacia la política nacional en materia de discapacidad. A su entender, los cuestionamientos públicos sobre presuntas irregularidades en pensiones y certificados contribuyeron a instalar una mirada de desconfianza hacia las personas con discapacidad.
También afirmó que la falta de inversión y de respuestas concretas profundiza las dificultades que atraviesan las familias, los prestadores y las organizaciones vinculadas con el sector.
“En estos momentos todo es cerrar puertas, prejuicio y hablar mal de la temática”, manifestó Morelo al referirse a la relación con las autoridades.
Finalmente, insistió en que la media sanción legislativa debe estar acompañada por la ejecución efectiva de las medidas previstas, el pago de las prestaciones y una política pública que garantice la atención integral en todo el país. Para el dirigente, el desafío central es que los avances normativos se traduzcan en respuestas concretas para las personas con discapacidad y sus familias.
