El Presidente de la Nación inauguró el 142ª período de Sesiones Ordinarias del Congreso. Reafirmación de ejes de campaña sobre el Estado, la economía y la casta; llamado a un Pacto del 25 de Mayo y anuncio de paquete de leyes. El apoyo de gobernadores, incluido el Mandatario de Entre Ríos. Bicameral, universidades, recesión y medidas de fuerza.
Periodista
Parado desde un atril, con destellos de escenografía norteamericana, Javier Milei habló durante 73 minutos en la apertura de Sesiones del Poder Legislativo, donde desplegó un discurso atravesado por la herencia recibida, por su visión de desregulación económica y por sus definiciones contra el rol del Estado y la política en general. A la par, dejó una convocatoria hacia sectores aliados y gobernadores dialoguistas, con un llamado de unidad a una hoja de ruta ya escrita, a libro cerrado, aunque con advertencias de confrontación si niegan el acompañamiento al plan de Gobierno.
Su intervención en el Congreso se dio en un contexto caracterizado por los paros nacionales de sindicatos docentes, del transporte, metalúrgicos y ferroviarios; un proceso de recesión e inflación; y el reclamo de universidades nacionales ante la crisis presupuestaria que se avecina. Además, se produjo en un escenario de disputa con mandatarios provinciales luego de los recortes de las partidas discrecionales, de la reducción del envío de los fondos coparticipables y de graves acusaciones a diputados y senadores tras la fallida sanción en particular del proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”.
Pacto de Mayo y mini ómnibus
Tras el conflicto abierto con gobernadores de Juntos por el Cambio, como Ignacio Torres en Chubut, y de partidos provinciales, como Martin Llaryora en Córdoba, el Presidente improvisó una invitación a un acuerdo nacional para avanzar en distintas medidas que fueron parte de la plataforma de gobierno de La Libertad Avanza, pero también de la alianza fundada por Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC). La convocatoria fue hecha para el próximo 25 de mayo en la provincia del fernet y del cuarteto, donde Milei sacó una considerable cosecha de votos en el balotaje presidencial, con una propuesta que incluye la inviolabilidad de la propiedad privada; la meta innegociable del equilibrio fiscal; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y promueva el comercio; la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos; un compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, privilegie a quienes aportaron y permita suscribirse a un sistema privado de jubilación; una reforma política estructural que modifique el sistema actual; y la apertura al comercio internacional.
Los ejes centrales de la iniciativa concentran la mayoría del contenido del frustrado proyecto denominado Ómnibus y del judicializado y vigente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. El apoyo instantáneo de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Alfredo Cornejo (Mendoza), confirmaron que las diferencias del tratamiento de la Ley Bases fueron de forma pero no de fondo. “Presidente Milei cuente conmigo para impulsar el Acuerdo de Mayo. Estoy de acuerdo con todos y cada uno de los 10 puntos que planteó. Es lo que necesita la Argentina. Y celebro su invitación para que inmediatamente nos pongamos a trabajar juntos para impulsar las herramientas que usted necesita para dejar definitivamente atrás las políticas populistas; y generar también las condiciones para que mi provincia tenga los recursos que le corresponden por la Constitución Nacional para poder brindarle a los entrerrianos la educación, la seguridad, la salud y la infraestructura que se merecen”, valoró el Gobernador de Entre Ríos, minutos después de la exposición del Líder libertario. “La sociedad eligió un cambio y hoy estamos definiendo un norte distinto para ordenar el caos que causó el kirchnerismo durante 16 de los últimos 20 años”, afirmó el ex Ministro del Interior de Mauricio Macri.
Como se explicó en ediciones anteriores de Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, la intransigencia de la oficina estelar de Casa Rosada frente a diferentes demandas y realidades de las provincias, la falta de flexibilidad para la negociación con los bloques autodenominados dialoguistas, y la profundización de la dinámica schmittiana amigo-enemigo, sepultaron el texto original. ”No buscamos ni provocamos la confrontación, no queremos discutir el pasado. Venimos a plantear una agenda de futuro. Venimos a poner nuestra energía en construir lo nuevo, pero quiero decirles a todos los que están acá y a quienes nos están mirando que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán”, amenazó Milei durante su intervención en la inauguración del período de Sesiones Ordinarias. “Durante todo el proceso de negociación para la sanción de la ley (Bases u Ómnibus) se puso en evidencia un sector de la clase política que no entiende el momento histórico, ni para qué nos eligió la gente. Nosotros no vinimos a jugar el juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país en serio”, analizó el Mandatario libertario. “Por eso, antes que aprobar un proyecto vaciado de contenido preferimos retirarlo”, agregó sobre aquella decisión.
“No negociamos el cambio y vamos a cumplir la promesa que le hicimos a la sociedad, con o sin el apoyo de la dirigencia política. Lo haremos con las herramientas que nos puedan brindar o lo haremos únicamente con los resortes legales del Poder Ejecutivo, como venimos haciendo hasta ahora”, advirtió en la misma línea argumentativa. “Porque nosotros cuando nos encontramos con un obstáculo, no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir acelerando”, amenazó en un mensaje dirigido principalmente a los sectores aliados. “Debo ser honesto en decirles que no tengo demasiadas esperanzas de que tomen este camino. Creo que la corrupción, la mezquindad y el egoísmo están demasiado extendidos. Pero si bien no tengo demasiadas esperanzas, tampoco las he perdido. Es más, quiero que me demuestren que estoy equivocado, quiero desafiarlos a que demuestren que la política puede ser más que lo que es, que podemos aspirar a ser mejores, que demuestren a que a pesar de nuestras diferencias podemos anteponer los intereses de la nación a los miserables intereses electorales”, precisó.
A la par, Milei anunció un paquete de leyes, en el mismo sentido del fallido megaproyecto, que contempla la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes; la obligación a los sindicatos de la renovación de sus autoridades, con mandatos de 4 años y una sola reelección posible; la primacía de los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa sobre los acuerdos colectivos del sector; la prohibición a las personas condenadas por corrupción en segunda instancia para la presentación de cargos electivos; la reducción drástica de los contratos para asesores de diputados y senadores de la Nación; el descuento de la jornada de trabajo a los empleados del Estado que hagan paro; la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos; y la penalización a quienes financien déficit fiscal con emisión monetaria.
El respaldo político bajo la lupa
“¿Cómo van a conseguir apoyo político para hacer las reformas?”, fue la consulta más repetida a la delegación argentina en la primera cumbre del año del área financiera del G20, realizada la semana pasada en la ciudad de San Pablo, como antesala de la cumbre de presidentes que se efectuará en noviembre en Brasil. El país vecino tiene la presidencia del Foro internacional que también se encuentra compuesto por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Un espacio significativo en el mapa mundial, ya que sus miembros representan casi el 90% del producto bruto global y el 80% del comercio internacional.
La representación del Ejecutivo nacional estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, con una agenda que comprendió reuniones con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; el comisario de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, Paolo Gentiloni; el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire; el titular de Finanzas de Italia, Giancarlo Giorgetti; y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Las dudas sobre la situación social del país, la construcción de respaldos políticos de gobernadores y la generación de acuerdos legislativos, caracterizaron los distintos encuentros con el gabinete económico de Milei, en un escenario donde el Gobierno nacional negocia una reconfiguración de la deuda con el FMI y una vinculación más estrecha con el país del norte, a la espera de la candidatura y un posible regreso del ex presidente Donald Trump.
Las visitas a nuestro país del secretario de Estado, Antony John Blinken, y de la subdirectora gerente del Fondo, Gita Gopinath, ejemplifican esas modificaciones en la perspectiva geopolítica y en el rol que Argentina apuesta a tener como lazo directo de los intereses de Estados Unidos en la región. Sin embargo, la preocupación por los niveles de inflación, pobreza y recesión se mantienen latente en cada conversación formal e informal con los diversos actores internacionales, agudizado por las distintas medidas de fuerza y manifestaciones que se dieron en las últimas semanas, desde el paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) a la puja con las provincias por los fondos del transporte y del incentivo docente.
El termómetro de la calle
La vigencia a cuentagotas del DNU 70/2023; el debate frustrado de la Ley Bases; la devaluación y la aceleración de la inflación; las medidas de desregulación de la economía, la producción y la industria; la eliminación del Potenciar Trabajo; la supresión del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y del Fondo Compensador del Transporte; el recorte de la Asistencia del Tesoro Nacional y de partidas vinculadas a las cajas de jubilaciones de diferentes jurisdicciones; y la paralización total de la obra pública, acrecentaron los niveles de conflictividad social. La reacción inicial fue la ejecución, el pasado 24 de enero, del primer paro nacional de la CGT y de múltiples medidas de fuerza de los movimientos sociales, seguido por la huelga impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) para el lunes 26 de febrero. Los ferroviarios nucleados en La Fraternidad, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad y sectores judiciales también intensificaron su plan de lucha.
Mañana lunes, los gremios docentes nucleados en la CGT desarrollan un nuevo paro nacional ante la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y los recortes del Fonid que afectaron los salarios del mes de febrero. La medida fue promovida por la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Ese panorama se profundiza en provincias que no llegaron a acuerdos en las paritarias provinciales, como ocurrió en Entre Ríos, donde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) realizó medidas de fuerza durante los días jueves y viernes de la semana anterior, tras el rechazo a la propuesta salarial del Gobierno provincial del 18%. A ello se suma la situación de las cuotas de las escuelas privadas, que en los últimos tres meses sufrieron incrementos que, en nuestra provincia, oscilan entre el 70% y el 120% según el caso, en una disparada de precios que promete actualizaciones mensuales.
El martes 5 de marzo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) protagonizará una huelga para el transporte del interior, luego de la finalización de la conciliación obligatoria y de la ausencia de un ofrecimiento de incremento salarial. En esa misma situación se encuentra La Fraternidad, que no alcanzó un punto de encuentro con las cámaras empresarias, agravadas por denuncias contra el Gobierno porque avisó que no homologará los acuerdos firmados en las últimas semanas por otros sindicatos del sector.
Las noticias, casi diarias en el ámbito nacional, acumulan problemas, recortes y dificultades en corporaciones y firmas públicas, mixtas y privadas. Algunas fomentadas por el plan de venta o privatizaciones del Gobierno nacional, como el plan de retiro voluntario a 8 mil trabajadores de Aerolíneas Argentinas, el cierre de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) o la Agencia Télam, y la venta de unos 55 campos maduros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que implica el retiro de la petrolera de provincias como Mendoza y Santa Cruz. Otras tienen que ver con las consecuencias de la recesión, la caída de las ventas, la liberalización y apertura de la economía, y el aumento de los costos, las tarifas y el combustible, como la decisión del grupo Acindar, dedicado a la producción de aceros para la construcción, el agro y la industria, de paralización total de la producción por un mes. Allí también se encuentra la situación de los trabajadores de la construcción, entre la suspensión de la obra pública y la difícil actualidad del rubro en general, con la pérdida de 50 mil puestos de trabajo directos, que tiene como correlato el despido de 2 mil obreros en Entre Ríos.
El sistema universitario también atraviesa momentos complejos, ya que su funcionamiento actual se rige con el presupuesto asignado de 2023. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las unidades académicas de todo el país, desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), advirtió sobre la gravedad de la situación y alertó que se quedarían sin recursos en dos meses. La inversión en las universidades representa apenas el 2,6% del presupuesto total del Estado nacional y su paralización dejaría en la calle a 300 mil educadores y trabajadores no docentes. En ese panorama incierto aparece el futuro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, como también de las universidades de Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo, creadas en el segundo semestre de 2023. En ese limbo de agonía transita la propuesta de conformación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortíz en Entre Ríos, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y que se erige sobre la base de la actual Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Un anhelo que hoy parece imposible.
¿Y la Bicameral?
Después de la negativa de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villaruel, para que se habilite el debate sobre el Decreto 70/2023, pedido por los bloques Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, distintos senadores de bancadas provinciales ratificaron el mismo requerimiento. Esa solicitud, firmada por Natalia Gadano y José María Carambia (Por Santa Cruz), Edgardo Kueider, Carlos Espínola y Alejandra Vigo (Unidad Federal), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Pablo Blanco (UCR), y Carlos Arce y Sonia Decut (Frente Renovador de la Concordia Misiones), deja un nuevo tablero en la correlación de fuerzas y el poroteo de votos para que el rechazo al DNU se haga efectivo. La estrategia de La Libertad Avanza, con el objetivo de estirar una derrota en la Cámara Alta, fue la aceptación para que el jefe de gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, expongan la semana próxima en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
Las posturas intransigentes de Milei, y el consistente recorte de los recursos para las provincias, obligaron a sectores intermedios a tomar una oposición más dura al megadecreto. Los firmantes del pedido de sesión, incluido el entrerriano Kueider, votaron junto al oficialismo para la designación de autoridades del Senado y para la conformación de las comisiones, y desestimaron su adhesión a la demanda del kirchnerismo, con el argumento que no estaban dadas las condiciones y los votos para ir al recinto. De fondo, como también hicieron los gobernadores de Juntos por el Cambio y de partidos provinciales, la idea era no quedar en la misma fotografía de referentes del peronismo opositor, más cercanos a la referencia de la ex presidenta Cristina Fernández.
Con varios gobernadores alineados a la nueva estrategia de Casa Rosada, se espera que el nuevo intento de reformas se apruebe con mayores consensos en la Cámara Baja, donde serán sustanciales los apoyos de Hacemos Coalición Federal, conducido por Miguel Pichetto, y del radicalismo, bajo la coordinación de Hernán de Loredo. En el pago chico, el Mandatario de Entre Ríos tuvo su primera tensión con la paritaria docente, donde Agmer realizó tres jornadas de huelga (uno por adhesión a la medida nacional de Ctera) en cinco días de clases. Un escenario agudizado por un ingrediente significativo, que fue el recorte de salarios por la eliminación nacional del Fonid, dejando recibos con reducciones que oscilaron entre 60 mil y 100 mil pesos de bolsillo. En simultáneo, se difundieron denuncias de vaciamiento del Registro Único de la Verdad y de despidos de trabajadores del organismo creado para el resguardo de toda la información documental, testimonial o de cualquier índole, relacionada con la represión efectuada por las dictaduras en la provincia de Entre Ríos. Aunque fuentes de Casa Gris confirmaron a LA CALLE que nunca estuvo la intención de tomar una decisión en ese sentido, la viralización de esa acusación puso en un lugar incómodo al Ejecutivo provincial, que más allá de las críticas a las administraciones peronistas, venía recibiendo apoyos legislativos unánimes en los proyectos enviados e incluso respaldo político de intendentes justicialistas en la puja por los recursos de las provincias.
Ese equilibrio, entre las necesidades de Casa Rosada y las urgencias de la provincia, será uno de los desafíos emblemáticos del mandato de Frigerio. Más aún, para una sociedad que votó cambios drásticos en el Ejecutivo nacional, pero que empieza a sentir las consecuencias económicas y sociales de esas decisiones.
