
Este 10 de diciembre se cumplieron 42 años del retorno democrático en 1983. Dicho así, suena a un largo trayecto. Pero visto en perspectiva histórica, son apenas unas pocas décadas dentro de un país que lleva más de dos siglos intentando definir y redefinir su identidad política, su forma de convivir y sus proyectos de Nación.
Democracia larga para nuestra experiencia generacional; corta para la historia argentina.
Un pasado que sigue condicionando el presente
Es imposible comprender estos 42 años sin mirar la etapa previa. El golpe cívico–militar del 24 de marzo de 1976 no solo inauguró la página más oscura en materia de derechos humanos: también implantó un modelo económico que transformó estructuralmente al país. El endeudamiento externo descontrolado, la desindustrialización y la apertura económica irrestricta marcaron un antes y un después.
Aún hoy —tras múltiples gobiernos, crisis, recuperaciones y retrocesos— seguimos lidiando con las consecuencias de aquel giro profundo. No es un dato arqueológico: es una raíz viva que condiciona debates y tensiones actuales.
La recuperación democrática se vio acelerada por la Guerra de Malvinas. Pero más allá de ese detonante inmediato, el retorno de 1983 fue la síntesis de una sociedad agotada, que reclamaba libertad, participación y un Estado de derecho que volviera a poner orden en la vida civil.
La democracia en tiempo presente
Transcurridas más de cuatro décadas, podemos decir con seguridad que la democracia argentina se ha consolidado. No sin tensiones, no sin crisis, pero se ha consolidado.
La pluralidad política, el disenso, la multiplicidad de proyectos de país y la circulación de ideas permanecen como pilares innegociables. Ahora bien: ¿la democracia argentina ha cumplido con sus deberes? Aquí comienza un debate que nos involucra a todos.
Desde 1983 en adelante se alcanzaron conquistas sociales y ampliaciones de derechos que hoy forman parte del consenso civilizatorio básico. Pero que también en este tiempo actual están en discusión. Sin embargo, las deudas —muchas de ellas estructurales— persisten: desigualdad, concentración económica, fragilidad productiva, deterioro del salario, crisis habitacional, déficits educativos y un horizonte de incertidumbre para amplios sectores de la sociedad.
El país cambió; la democracia también. Pero la pregunta que queda flotando es si hemos logrado que ese cambio redunde en mayor justicia social y en más igualdad de oportunidades. La respuesta, inevitablemente plural, sigue abierta.
Representación política y responsabilidad dirigencial
Argentina atraviesa una crisis de representación que no se resuelve con consignas, ni con indignación mediatizada, ni con recetas mágicas.
La política —esa herramienta imperfecta pero imprescindible— debe recuperar su prestigio. Y para hacerlo necesita retomar valores básicos: cumplir la palabra, sostener compromisos, actuar con transparencia, aceptar límites, escuchar a la sociedad y planificar más allá del próximo turno electoral.
La democracia no es solo votar; es construir ciudadanía, generar cohesión social, afianzar instituciones y promover un desarrollo que incluya a todos, no solo a algunos. Y para eso se requieren políticas de Estado que trasciendan gobiernos, coyunturas y humores sociales. Educación, salud, hábitat, vivienda, tierra, empleo y producción deben dejar de ser parches tácticos para convertirse en prioridades estratégicas.
El desafío ético
El país no solo padece una crisis económica: enfrenta una crisis ética, que abarca a todos los estamentos de la dirigencia, no únicamente a la política. La democracia necesita una renovación de valores, un compromiso real del arco empresarial, cultural, social y productivo. Debemos hacernos cargo: sin responsabilidad, solidaridad y respeto por lo colectivo, ninguna sociedad puede proyectar un futuro mejor.
Un viejo adagio latino enseña: “En lo necesario, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, solidaridad.” Después de 42 años de vida democrática ininterrumpida, ese mensaje sigue vigente. La unidad no implica uniformidad; implica acuerdos en torno a lo esencial. La libertad exige respeto mutuo. Y la solidaridad es el puente que nos evita caer en las grietas que tanto daño nos han hecho.
Si logramos encarnar ese espíritu —desde la dirigencia y desde la ciudadanía— podremos darle a la democracia no solo continuidad temporal, sino también calidad, sentido y destino compartido. No se trata solo de honrar el pasado. Se trata, sobre todo, de estar a la altura del futuro que nos merecemos.
(*) Abogado. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado del Consejo Departamental PJ Uruguay. Congresal Provincial PJ ER. Secretario de Gobierno 2019-2023. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.










