“El Derecho obliga a los Estados a cuidar el planeta”

El Colegio de Abogados de Entre Ríos expresó su postura sobre el conflicto ambiental por los incendios en las islas del delta.

Los institutos de Derecho Ambiental y de Derecho Animal del CAER analizaron la legislación vigente y explicaron que la situación de emergencia, profundizada por la bajante extraordinaria del río Paraná, sumado a las consecuencias del cambio climático, han impactado de manera peligrosa en todo el ecosistema. Desde el Colegio de Abogados de la provincia advirtieron que este contexto dejó expuesto la falta de acciones coordinadas de las jurisdicciones implicadas, tanto nacional como provinciales.
«La indiferencia de los distintos gobiernos respecto del compromiso asumido en el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS) sumado a la inactividad respecto del control de los territorios y la carencia de herramientas de política y gestión ambiental, como los procesos de evaluación de impactos ambientales (EIA), ordenamiento ambiental del territorio, así como a la ausencia de una Ley nacional de presupuestos mínimos de protección de los humedales, generaron el contexto propicio para que se produjera una nueva catástrofe ambiental», manifestaron.
En esa línea, explicaron que la Constitución Nacional precisa una manera determinada de legislación para los asuntos ambientales y así debiera cumplirse: las competencias concurrentes. «Sabemos que es preciso generar espacios de consenso y coordinación institucional, diseñando modelos de gestión del territorio con participación de sus habitantes y de distintos sectores de la sociedad involucrados en la sustentabilidad real de los recursos. En ese contexto, una Ley de humedales debe sancionarse con una perspectiva ecocéntrica, contemplando además las pautas del Convenio Nº 169 de la OIT y, en el marco del Acuerdo de Escazú (cuya ratificación por el Congreso Nacional también resulta imperiosa) garantizar la participación pública, el acceso a la información y a la justicia», resaltaron.
Por otra parte, mencionaron que además de la legislación en estudio para mejorar la gestión eficiente del delta, la Nación y la provincia de Entre Ríos cuentan con abundantes antecedentes legales.
En el año 2009, entró en vigencia una normativa específica sobre Protección ambiental sobre actividad de quemas, la Ley N° 26.562, en la que se establecieron los presupuestos mínimos de protección ambiental para el control de actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad pública.

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