El Frente de Todos y Juntos por el Cambio recrudecen las diferencias sobre distintos temas estructurales de la gestión. En Entre Ríos el ruido no tiene eco, como tampoco la celeridad de un calendario que requiere de definiciones electorales.
Por Mariano Osuna
El inicio de mayo trajo el regreso del trabajo legislativo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se conformaron nuevas comisiones, se dictaminaron proyectos y se llegó a un doble pedido de sesión para el día jueves, con un llamado desde la oposición por el proyecto de Boleta única y otro solicitado desde el oficialismo por las iniciativas dictaminadas durante la semana. Con ese contexto, durante los encuentros de labor parlamentaria, entre las autoridades de los distintos bloques e interbloques, se definió unificar el temario en una sola sesión. El objetivo de Juntos por el Cambio, también del Interbloque Federal, era concretar un hecho político que incomode al Frente de Todos, ya que en los papeles cualquier proyecto que modifique las reglas electorales requiere de mayoría especial para aprobarla. No obstante, la oposición logró emplazar la conformación de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, y garantizar el posterior tratamiento de la iniciativa en Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de obtener un dictamen para el 31 de mayo.
El Frente de Todos llegó a la Sesión Ordinaria con una agenda de temas de consenso, que incluyó las sanciones de las propuestas que establecen un marco regulatorio de la producción y comercialización del cannabis medicinal y de la industria del cáñamo; que prorroga el Régimen de Incentivo a la construcción y el acceso a la Vivienda, con beneficios impositivos apuntados a la construcción; y que garantiza respuestas integrales al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis, y las ITS, con una normativa que apunta al derecho a la salud, pero también aborda el acceso al trabajo y un régimen específico de jubilación.
En simultáneo, el Senado de la Nación viene hace algunas semanas instalando su propia agenda. Impulsada por los alfiles del kirchnerismo, la lista de temas incluye reformas al Consejo de la Magistratura, la ampliación de la Suprema Corte de Justicia, o la creación de un fondo nacional con el dinero de la evasión fiscal destinado a contribuir al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No es casualidad la agenda desenfundada en la Cámara Alta, conducida por Cristina Fernández, y con una correlación de fuerza mucho más cómoda. Horas antes que la Vicepresidenta hablara el viernes pasado en Chaco, el bloque oficialista del Senado presentó en conferencia de prensa un proyecto de ley para que las personas en edad de jubilarse, que no cuentan con los aportes suficientes, puedan pagar esos años. La propuesta, que tendrá un costo fiscal del 0,02%, se vincula con que la moratoria dispuesta por la Ley 26.970 de 2014 vence en julio de este año, y sin una nueva norma será imposible para mujeres y varones en edad de jubilarse, pero sin todos los años de aportes, llegar a esa ansiada etapa de la vida.
Esa agenda que se fue intensificando en las últimas semanas, viene a tono con las implicancias políticas del debate interno en el Frente de Todos, donde la economía es el principal eje de la discusión. Propios y ajenos están de acuerdo con la recuperación o el crecimiento del país durante 2021, especialmente lo vinculado a los principales números de la macroeconomía. La polémica inicia en la distribución de esos frutos, más aún en contexto de cansancio y malhumor social por la pérdida sistemática del poder adquisitivo, pero también de una sociedad que vuelve a resignificar su habitualidad y vida cotidiana tras dos años de pandemia y las consecuencias mundiales del caso. A la par de la presentación del proyecto para la comunidad trabajadora, con la edad requerida pero sin los años completos de aportes, en la Cámara Baja, el kirchnerismo también presentó una iniciativa que contempla que se adelante a julio los incrementos acordados por el Consejo del Salario para todo el año. Encabezada por el legislador Máximo Kirchner, y acompañada por las firmas de distintas bancas que representan al movimiento obrero y sindical, la propuesta fija que en agosto el mínimo que se cobre sea de $47.850,00, suma que estaba planteada para el aumento de diciembre que sería abonada en enero de 2023. Este proyecto también acciona sobre esas diferencias internas vinculadas a la economía doméstica, la que representa el precio de los alimentos, las paritarias, los salarios y el proceso inflacionario diario.
Debate interno
Ambas coaliciones mayoritarias atraviesan diversas discusiones internas, aunque la principal diferencia es que Juntos por el Cambio no gobierna a nivel nacional y solo tiene 4 gobernaciones (contando Capital Federal), lo que refleja el 16% de la representación federal en términos ejecutivos. Los intercambios en la alianza opositora se deben más a la horfandad de liderazgos post salida del poder en 2019 y a las expectativas electorales de las distintas patas que conforman el Frente. En el otro rincón del cuadrilátero, el oficialismo, más allá del calendario de los comicios del año próximo, tiene una gestión nacional que necesita puntos de acuerdo programáticos y resultado en el corto plazo.
El escenario del viernes pasado, con el discurso del presidente Alberto Fernández en Ushuaia y la posterior oratoria de la ex presidenta Cristina Fernández, mostró que el debate no es de candidaturas ni tampoco por quien conduce la coalición oficialista, sino por las grandes definiciones de la gestión, especialmente en los temas claves de la economía que fueron parte del contrato electoral de 2019. La frase final de la Vicepresidenta sobre que “no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron” confirma este análisis. Como ya venimos analizando en Punto y Seguido, la columna política de los domingos de LA CALLE, la claridad de la conducción política, la celeridad en las respuestas vinculadas a los ingresos y el poder adquisitivo, la contundencia del mensaje y la construcción de sentido sobre el horizonte de gestión, y la dinámica interna del Frente, son los ejes que el oficialismo debe solucionar en lo inmediato.
El silencio de casa
El debate que se escucha a nivel nacional no tiene ecos en la provincia, ni en el oficialismo ni en la oposición. Como describimos la semana pasada, no es comparativa la situación de cada coalición, ya que en el Frente de Todos debe definirse el desdoblamiento de las elecciones, la definición de candidaturas y la instalación de nombres fuertes, considerando los resultados de 2021 y la imposibilidad de reelección de Gustavo Bordet, pero también de varios intendentes justicialistas.
Con la separación de los comicios nacionales, el cronograma entrerriano tendrá elecciones en abril y junio, con lo cual los tiempos de definiciones y campaña se reducen drásticamente. Mientras en la oposición no hay mucho para decidir, salvo una interna entre Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti, que puede sumar algún nombre que provenga del panperonismo, que le dé más volumen y competitividad a la oferta de la alianza de Juntos por el Cambio. Por su parte, en el Frente de Todos no hay certidumbre sobre las definiciones macro, más allá de la decisión tomada de desdoblamiento, que refieren a las internas y la incorporación de minorías, paso previo para la definición de candidaturas.
En el oficialismo provincial no sólo no aparece el debate vinculado a la economía que se desata a nivel nacional, sino tampoco la discusión regional por el sillón de la Casa Gris. Como ya anticipó LA CALLE, las figuras de los intendentes de Paraná y Gualeguaychú, Adán Bahl y Martín Piaggio, sumadas al titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Enrique Cresto, y la vicegobernadora Laura Stratta, pican en punta. Los también jefe comunales de San Salvador y Villa Paranacito, Lucas Larrarte y Gabriel García, el ministro provincial Juan José Bahillo, y el ex vicegobernador y ex intendente de La Histórica, Eduardo Lauritto, aparecen en la discusión de nombres. Todas figuras relevantes, pero que requieren de capacidad de movilización política del Frente en general y del peronismo en particular, y de una mejora en los bolsillos trabajadores, para enfrentar la fórmula de Juntos por el Cambio. Definir reglas claras, sobre el cronograma electoral y sobre la posibilidad de internas, es el primer paso para un debate nulo fuera del microclima más reducido del tablero político provincial.
