Después de más de dos años de aplicación, los problemas del Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental empiezan a ser reconocidos incluso por el propio Municipio. En 2022 y 2023 muchos advertimos que una regulación excesivamente restrictiva podía frenar inversiones y desarrollo. Hoy, con sus resultados a la vista, la discusión debe ser cómo corregir lo que no funcionó y lograr un mejor COTA para la ciudad.
Hace pocos días, en una reunión del intendente con los concejales, volvimos a hablar del COTA. El propio intendente reconoció los problemas que está generando su aplicación, mencionó reclamos de inversores y una presentación de la Cámara de Desarrolladores Urbanos solicitando su revisión.
Me parece una muy buena noticia.
No porque los problemas del COTA me sorprendan. Durante 2022 y 2023 me opuse con firmeza a buena parte de aquel proyecto y advertí públicamente que podía terminar frenando inversiones, encareciendo desarrollos y dificultando el crecimiento de la ciudad.
Fueron discusiones intensas. Impulsamos la participación de agrimensores, escribanos, desarrolladores y otros profesionales vinculados con el crecimiento urbano. Hubo reuniones, planteos y propuestas. Fueron escuchados, pero muchas de sus advertencias no fueron incorporadas.
Sostener aquella posición no fue cómodo. Recibimos cuestionamientos, críticas y ataques públicos. Por eso tampoco tendría sentido negar que hoy siento cierta reivindicación: buena parte de aquellos problemas empiezan a ser reconocidos. Pero esa reivindicación sólo tiene valor si sirve para corregir lo que no funcionó.
El COTA terminó sancionándose por unanimidad. Incluso los concejales de Cambiemos de entonces acompañaron el proyecto, pese a las numerosas advertencias planteadas durante el proceso y en un contexto de fuerte alineamiento político y presión del Ejecutivo municipal para lograr su aprobación
Eso también deja una enseñanza: una ordenanza puede conseguir unanimidad política y, sin embargo, contener problemas que la realidad después expone.
El COTA, además, fue presentado como uno de los grandes logros de aquella gestión. Pero una política pública no debe evaluarse por el éxito político de su aprobación, sino por sus resultados.
El COTA puede haber sido un “éxito político”. El problema es que una ciudad no vive de éxitos políticos, sino de inversiones, viviendas, actividad y empleo.
Y hoy, después de más de dos años de aplicación, ya no discutimos sólo sobre hipótesis: tenemos resultados concretos que muestran qué problemas generó el COTA y qué aspectos necesitan ser corregidos.
Ordenar el territorio es indispensable. Proteger el ambiente también. Pero planificar una ciudad no significa inmovilizarla. Una buena normativa debe preservar aquello que debemos cuidar y, al mismo tiempo, permitir inversiones, viviendas y nuevos desarrollos.
El problema del COTA fue que en muchos aspectos predominó una mirada excesivamente restrictiva sobre el desarrollo urbano y la inversión privada. Y cuando una regulación pierde contacto con la realidad económica y territorial, puede terminar generando efectos distintos, y hasta contrarios, de aquellos que buscaba.
Por eso celebro que hoy exista voluntad de revisarlo.
Además, no estamos hablando de desconocer el Código, sino de cumplirlo. El artículo 216 establece que cada dos años el COTA debe ser sometido a evaluación y el artículo 217 prevé su actualización, incorporando participación ciudadana, especialistas y actores relevantes.
Y esta vez deberíamos hacerlo escuchando especialmente a quienes trabajan todos los días con estas normas y conocen de primera mano sus efectos: agrimensores, arquitectos, ingenieros, escribanos, desarrolladores, constructores, inmobiliarios y profesionales vinculados a la actividad privada.
Las universidades, los especialistas ambientales, los vecinos y los organismos públicos también deben participar. Pero una planificación equilibrada no puede prescindir de la mirada de quienes invierten, producen, construyen y arriesgan capital propio en la ciudad.
Una de las enseñanzas del proceso anterior es justamente ésa: no alcanza con abrir instancias de participación. Las advertencias de quienes conocen de primera mano el funcionamiento local del mercado del suelo y del desarrollo urbano deben tener peso efectivo en las decisiones, y no quedar subordinadas a miradas meramente académicas o ideológicas que parten de la idea de que toda inversión inmobiliaria es, por definición, especulación.
Ahora tenemos una nueva oportunidad. No para volver al código anterior ni para liberar indiscriminadamente el uso del suelo. Tampoco para reemplazar una mirada ideológica por otra.
La oportunidad es construir un COTA mejor: que proteja nuestro patrimonio natural y urbano, pero que también entienda cómo se desarrolla una ciudad y cómo se moviliza la inversión.
Porque el verdadero objetivo nunca fue ganar una discusión política sobre el COTA. Era, y sigue siendo, que Concepción del Uruguay tenga una mejor herramienta para invertir, crecer y desarrollarse.
(*) Economista y Concejal.
