Por: Matías Dalmazzo
El Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay decidió no tratar la suspensión del Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental (COTA) durante la última sesión del período ordinario, luego de un fuerte debate social y político que se desarrolló en la ciudad durante los últimos días. El conflicto se originó por el Decreto N° 29.147 impulsado por el intendente José Eduardo Lauritto, y tuvo como protagonistas al propio jefe comunal, al bloque oficialista “Juntos por Uruguay” y a organizaciones ambientales, colegios profesionales y vecinos, mientras que el concejal Juan Martín Garay fue uno de los voceros centrales de la postura legislativa.
La controversia se desató a fines de noviembre, cuando Lauritto firmó el decreto que prorrogaba por tres meses la cláusula transitoria del COTA y habilitaba, durante ese lapso, la posibilidad de optar entre la normativa vigente y el antiguo Código de Ordenamiento Urbano. La medida generó un inmediato rechazo de sectores ambientalistas y profesionales, que denunciaron un retroceso urbanístico y ambiental, además de advertir sobre riesgos de discrecionalidad y falta de seguridad jurídica.
El Encuentro Ambiental Uruguayense expresó su oposición formal ante el Concejo Deliberante y calificó la iniciativa como regresiva en materia ambiental. Las organizaciones señalaron que el decreto vulneraba el principio de no regresión ambiental, ponía en riesgo áreas de paisaje frágil como humedales y bosque nativo, y podía beneficiar a sectores inmobiliarios con información privilegiada. También remarcaron que el COTA fue producto de casi dos años de debate participativo y aprobado por unanimidad.
En la misma línea, el Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Entre Ríos manifestó su profunda preocupación y desacuerdo. Los profesionales advirtieron que la prórroga generaba inseguridad jurídica, permitía la aplicación excepcional de una normativa derogada y afectaba la previsibilidad del ejercicio profesional, al someter los proyectos a reglas cambiantes según criterios administrativos.
Frente a este escenario, el decreto ingresó para su análisis en la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante. Allí, según explicó el concejal Juan Martín Garay, los ediles acordaron escuchar a todas las partes involucradas antes de emitir una definición. Durante ese proceso, la comisión recibió a organizaciones ambientales, colegios profesionales y representantes del Departamento Ejecutivo, que argumentaron que la medida buscaba resolver trámites iniciados y no habilitar nuevos proyectos.
Garay sostuvo que, tras ese recorrido, el bloque mayoritario concluyó que no existía un consenso social suficiente para avanzar con la ratificación. El concejal remarcó que la responsabilidad política de contar con la mayoría implicaba no imponer una decisión sin respaldo amplio de la comunidad. En ese marco, el bloque “Juntos por Uruguay” mantuvo un diálogo institucional con el intendente y la viceintendenta, y formalizó por escrito su postura de no avanzar con el tratamiento del decreto.
Como consecuencia de esa definición, la sesión ordinaria no incluyó despacho alguno sobre el Decreto N° 29.147. El texto quedó en comisión y, al no ser ratificado por el Concejo Deliberante, perdió vigencia práctica al tratarse de una medida con plazo determinado. De este modo, la suspensión del COTA no se aplicó y el código continuó formalmente vigente.
Al día siguiente, el intendente José Eduardo Lauritto confirmó que retiró el decreto tras la reunión con los concejales oficialistas. El jefe comunal explicó que entendió que no había consenso social y consideró razonable no avanzar en un tema que generó dudas y cuestionamientos. Lauritto afirmó que no actuó por capricho y sostuvo que escuchar a los distintos sectores forma parte de su manera de gobernar.
El intendente también respondió a las críticas y rechazó las sospechas sobre una supuesta falta de compromiso ambiental. Lauritto recordó decisiones de gestiones anteriores vinculadas al cuidado del patrimonio, al rechazo de habilitaciones en humedales y a conflictos ambientales complejos, y afirmó que no existen dueños de la ciudad ni de los instrumentos de planificación. En ese sentido, defendió su trayectoria y cuestionó actitudes que, según dijo, desconocen el rol del Departamento Ejecutivo.
Finalmente, el cierre del período ordinario del Concejo Deliberante dejó el conflicto sin tratamiento legislativo y con el decreto fuera de escena. El debate sobre el ordenamiento territorial y ambiental, sin embargo, quedó abierto de cara al próximo año, cuando se inicie un nuevo período de sesiones y se retome la discusión sobre la aplicación y eventual revisión del COTA, con la participación de los distintos actores de la comunidad.
