El Centro Histórico y su rico patrimonio arquitectónico y urbanístico

Por José Antonio Artusi (*)

El plano tipo utilizado por Tomás de Rocamora, con el trazado ortogonal de calles rectas y manzanas cuadradas propio del esquema general derivado de las Leyes de Indias, difiere sin embargo con otros de la época en el menor tamaño de las manzanas y en la particularidad de tener una plaza central de mayores dimensiones, como producto de la integración de las cuatro manzanas centrales, con los dos ejes principales cortando la plaza en cuatro cuadrantes. Este plano tipo fue proyectado por el Piloto 2º Pedro de Olmos, sobre el modelo utilizado un año antes para la fundación de dos ciudades en la Banda Oriental, hoy denominadas Santa Lucía y Canelones. Podríamos decir que este casi ignoto personaje, Pedro de Olmos, es entonces el primer “urbanista” que interviene en Concepción del Uruguay, determinando un trazado urbano fundacional de ocho manzanas por lado, generando por lo tanto 60 manzanas destinadas a edificios públicos y básicamente a solares para viviendas, y las cuatro manzanas centrales de la plaza central, hoy Plaza Francisco Ramírez, declarada “Lugar Histórico Nacional” en 1956. Las previsiones de Pedro de Olmos proyectan sus consecuencias en el tiempo de diversas maneras. En primer lugar, el hecho de contar con manzanas de menor superficie, cuadras cortas y calles estrechas va a condicionar el proceso posterior de subdivisión de la tierra, tamaño de los lotes, y relación de estos con las tipologías edilicias. También va a impactar obviamente en el sistema de movilidad y transporte, y a su vez va a permitir que la generosa dimensión otorgada a la Plaza Ramírez le brinde condiciones para materializar un espacio público de calidad que, a pesar de cambios sucesivos en su fisonomía, en ningún momento perdió su condición de principal referente de la centralidad urbana.

Testigo de la historia

Octavio Paz nos enseñó que “la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones…”. Ahí están pues la Plaza Ramírez, la casa de Urquiza, el Colegio del Uruguay, la Basílica de la Inmaculada Concepción, los dos edificios de la Escuela Normal, el Banco de Entre Ríos, la casa de Delio Panizza, el Templo de la Logia Masónica Jorge Washington, el edificio de Asociación Educacionista La Fraternidad, entre tantos otros; testigos insobornables, hablándonos –si sabemos escuchar– de la enorme riqueza histórica que encierran esos espacios. No están, lamentablemente, la casa Perette Jorge, la casa Chiloteguy, el teatro 1º de Mayo, y tantos otros valiosos exponentes de nuestro patrimonio arquitectónico de diversas épocas que han sucumbido.
Patricia Rodríguez Alomá nos recuerda que “la producción de cartas y manifiestos internacionales acerca de la preservación de bienes patrimoniales tiene su antecedente en la Carta de Atenas de 1931, de la Sociedad de las Naciones, con el que se reconoció la necesidad de preservar ciertas perspectivas particularmente pintorescas. Sin embargo, el concepto de centro histórico se enuncia claramente por primera vez en la Carta de Venecia de 1964, haciéndose énfasis en la importancia del conjunto urbano (centro histórico) más allá del ya reconocido valor de los monumentos aislados, planteando que “la noción de monumento histórico incluye también al sitio urbano o rural que dé testimonio de una civilización particular…”.

La Carta de Venecia (Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos y de los Sitios) es un documento internacional que ha sido revisado periódicamente, por tanto ha ido actualizándose.” No haremos aquí una reseña ni una valoración de tales documentos; pero sí parece pertinente enfatizar, siguiendo a esta autora, que “la Carta de Veracruz (1992) establece la absoluta necesidad de contar con una voluntad política que no solo reconozca la prioridad requerida por la rehabilitación  del  centro  histórico  en  su  dimensión  socioeconómica,  sino  que  se  establezca un marco  jurídico  especial,  de  nivel  nacional,  y  se  reconozca  una  oficina  de  gestión del  centro  histórico  con  competencias  delegadas  por  cada  una  de las instituciones relacionadas con su salvaguarda. Otorga vital importancia a la redacción de un plan en el marco del planeamiento general de la ciudad, que señale etapas, presupuestos y prioridades, así como el seguimiento del mismo para garantizar su implementación y la correcta aplicación de los recursos, para lo cual se debe contar con adecuados y concretos instrumentos jurídicos y financieros. Además, recalca la importancia de interpretar al centro histórico como un organismo económicamente activo y socialmente positivo.”

Capital Histórica de Entre Ríos

Siguiendo este criterio, y teniendo en cuenta la gran cantidad de monumentos y lugares históricos nacionales y la doble condición de “Capital Histórica de la Provincia de Entre Ríos” y “Cuna de la Organización Nacional” de la ciudad, no parece a priori descabellado pensar en una oficina de gestión del centro histórico uruguayense que coordine las acciones de las distintas dependencias involucradas, de la administración pública nacional, provincial y municipal. Otro aspecto clave es la elaboración de un plan específico, en el marco del proceso general de planificación del desarrollo urbano. De esa manera se podrían buscar soluciones viables a los problemas que tenemos, y aprovechar el enorme potencial de nuestro centro histórico, sin que tal aprovechamiento, por ejemplo, por medio del desarrollo turístico, afecte negativamente ni su calidad patrimonial ni la calidad de vida de sus habitantes, ni genere procesos de gentrificación y encarecimiento excesivo del suelo. El proceso en marcha de revisión y reforma del Código de Ordenamiento Urbano de la ciudad es una magnífica oportunidad en tal sentido, que abre la posibilidad de introducir instrumentos innovadores y efectivos para la protección y valorización de nuestro valiosísimo patrimonio cultural.

(*) Arquitecto Especialista en Planificación Urbano Territorial, integra la Cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCU. Diputado Provincial (UCR) 2007-2011 y 2015-2019.