El Gobierno renovó los acuerdos de precios y abrió la inscripción para un nuevo ingreso de emergencia para monotributistas, informales y jubilados. En simultáneo, estalló el conflicto por el Consejo de la Magistratura, mientras el Congreso nacional intenta volver a su habitualidad. El 2023 y los ruidos internos.
Por Mariano Osuna
Luego de los números de inflación de marzo, el Gobierno renovó los acuerdos de precios cuidados y de cortes de carnes, y anunció otros ensayos con comercios de cercanía y convenios de un mini listado de verduras. A la par, el oficialismo buscó la sutura, al menos públicamente, de las propias contradicciones al interior del equipo económico respecto a las estrategias adecuadas para combatir la inflación. En esa dirección, se anunció un ingreso de emergencia de 18.000 pesos para monotributistas sociales y de las categorías A y B, trabajadores informales o precarizados, y trabajadoras de casas particulares, dividido en dos cuotas durante mayo y junio. También ese refuerzo, que tiene abierta su inscripción a través de la página de Anses, alcanza a jubilados que perciban hasta el equivalente a dos haberes mínimos, con un bono de 12.000 pesos, que también se acredita durante mayo.
Como explicó Punto y Seguido, la columna política de los domingos de LA CALLE, incluso previamente a los números de inflación de los últimos dos meses, el desafío del Gobierno era (y sigue siendo) trasladar los brotes verdes de la macroeconómica en el mercado interno, en el consumo popular y en los ingresos familiares mayoritarios. Una dinámica de la economía que proporcione certidumbre a la generación de trabajo, al poder adquisitivo de los bolsillos argentinos y a un proceso de industrialización que cuide el pago chico ante las consecuencias de la pandemia, de la situación geopolítica, del proceso inflacionario mundial y del contexto regional.
El aumento sostenido de precios sigue siendo el principal problema, agudizado desde 2017. Las mesas argentinas, pese a la recomposición salarial de este último año, continúan con las secuelas económicas y requieren de un shock de ingresos urgente, como estas medidas anunciadas, que debe complementarse con una serie de políticas activas que apunten a la transformación del sistema productivo, los eslabones intermediarios, la cadena comercial, la estructura impositiva, el esquema de transporte, el modelo de monocultivo y concentración del mercado, el diseño de importaciones y exportaciones, y la infraestructura necesaria para el fomento de las economías por regiones. Indudablemente ese shock de ingresos debe ser acompañado por distintas definiciones de políticas económicas, que mejoren el malhumor social, especialmente en los sectores trabajadores que sienten que su sueldo alcanza para el pago de las deudas fijas, los servicios elementales y algunos productos básicos para sus vidas cotidianas, pero que queda lejos de la posibilidad de darse el gusto personal y familiar, de mejorar su bienestar, o de sentir movilidad social, o de tener una mínima capacidad de ahorro.
La Corte, el Consejo y el Congreso
El pasado 16 de diciembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia, con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Maqueda y Carlos Rosenkrantz, determinó la inconstitucionalidad de la Ley Nº 26080, sancionada en 2006, que modificó la conformación del Consejo de la Magistratura. El máximo Tribunal definió un plazo de 120 días para que el Consejo se adhiera a la Ley 24.937, elija sus nuevos miembros y vuelva a la fórmula anterior de 20 integrantes, bajo la conducción del propio Rosatti y la participación de 8 legisladores, 4 jueces, 4 abogados; 1 representante del Poder Ejecutivo y 2 miembros del mundo académico. La normativa determinada como inconstitucional redujo a 13 el número de integrantes, compuesto por 6 legisladores, 3 jueces, 2 abogados, 1 del Poder Ejecutivo y 1 académico, además de sacarle a la Corte la centralidad en el organismo. Pasado ese período de tiempo estipulado para que el Consejo vuelva al diseño anterior, el Presidente de la Corte asumió en el organismo y ordenó que juren los nuevos miembros.
A los ruidos internos en el oficialismo y en la oposición, sumado a la agenda propia del Senado y la parálisis de Diputados, llegó el avance de la cúpula judicial sobre el Consejo de la Magistratura, que trajo su propia novela en el Poder Legislativo. En el camino, la Cámara Alta aprobó un texto que llevaba a 17 los integrantes del Consejo, aunque no tuvo oportunidad de debate en la Cámara Baja, donde recién la semana próxima se conformarán el resto de las comisiones, empantanadas en la discusión entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Mientras transcurría el intervalo donde las fuerzas legislativas debían designar representantes, el oficialismo del Senado se dividió en dos bloques, uno denominado “Nacional y Popular”, más ligado a los gobernadores, aunque también con alguna figura cristinista, y otro llamado “Unión Ciudadana”, la denominación utilizada por la ex Presidenta para competir en las legislativas de 2017 en provincia de Buenos Aires. Luego de esa decisión, la división de bloques modificó la correlación de fuerzas y le quitó a Luiz Juez, el cordobesista hoy devenido en Cambiemos, de asumir en el Consejo. Cristina Fernández nombró al peronista Martín Doñate y Sergio Massa a la diputada radical Roxana Reyes, haciendo un pequeño equilibrio luego de la jugada en el Senado.
La disputa por el Consejo de la Magistratura trajo los rumores de cambio en la conformación de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que el Gobierno no hizo uso de la nominación vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, en octubre del año pasado, mientras varios proyectos de diversos senadores tomaron estado parlamentario con distintas definiciones sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Junto al proyecto sobre el pago de la deuda con el FMI, que pone el ojo en la fuga, y el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, el avance sobre la discusión de la extensión del número del máximo tribunal se enmarca en una agenda intensa que demuestra el Senado, con voces casi unánimes en el bloque todista, dato para nada menor luego de varios ruidos internos.
El escenario en la Cámara de Diputados es diferente, ya que solo estaban conformadas las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Finanzas y de Legislación General. La próxima semana, específicamente entre miércoles y jueves, luego de idas y vueltas entre el oficialismo y la oposición, quedarán constituidas las 10 restantes: Educación, Comunicaciones e Informática, Ciencia, Tecnología e Innovación, Industria, Deportes, Agricultura y Ganadería, Población y Desarrollo Humano, Recursos Naturales, Acción Social y Salud Pública, y Obras Públicas.
El horizonte y las necesidades políticas
El Frente de Todos tiene tres desafíos relevantes hacia los comicios del próximo año: mejorar la economía cotidiana, la que se materializa en los bolsillos y en los ingresos; abandonar los desplantes públicos internos y resignificar el funcionamiento y la distribución del poder de la coalición de gobierno; y recuperar el capital político, con la reconstrucción del sentido de un horizonte posible. La posibilidad de la definición de candidatas y candidatos en todos los rubros mediante internas es una novedad en el oficialismo que da frescura a un desgaste constante sobre la resolución de las representaciones, además de un dato relevante luego de los atributos de su utilización en la alianza opositora. La dinámica de gestión requiere de definiciones contundentes del Frente de Todos hacia el interior y el exterior de la apoyatura social, que no puede tener contradicciones estructurales en su construcción de sentido. Eso no omite la necesidad de debate interno, sino las formas de exponerlo a meses de definiciones electorales y como etapa posterior de una pandemia mundial que agotó los bolsillos, la salud mental y el humor social.
Salvo los casos de los presidenciables Horacio Rodríguez Larreta, sucesor natural de la construcción del PRO en Capital Federal, y Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, la dinámica de la principal fuerza opositora no tiene como columna aglutinadora a la gestión. Como también le pasó al kirchnerismo tras la derrota de 2015, Juntos por el Cambio atraviesa debates sobre las referencialidades del frente pero también de cada partido que lo compone. Las acciones, y también las imposturas, del ex presidente Mauricio Macri, del propio Larreta y de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, exponen un tablero que no tiene determinaciones concretas en el corto plazo. Desde el ya nombrado Morales, a las expectativas del senador Martín Lousteau y el diputado Facundo Manes, la UCR no quiere volver a hipotecar sus propias pretensiones y apuesta a llevar un candidato propio en la cabeza de la coalición opositora hacia el sueño del sillón de Casa Rosada.
Ambos frentes, con distintas responsabilidades, ingresan en un sendero que se hace angosto y que requiere de movimientos y acciones hacia 2023, mientras es menester una brújula que siga dando respuestas a las urgencias y pueda mirar más allá de lo coyuntural y lo electoral.
