El Gobierno de Rogelio Frigerio envió a la Legislatura un proyecto para autorizar la fusión del Nuevo Banco de Entre Ríos con sus pares de Santa Fe y San Juan. La iniciativa contempla que la entidad santafesina absorba a las otras dos, aunque se garantiza la continuidad de la atención, las sucursales y los cajeros automáticos en territorio entrerriano.
El Gobierno de Entre Ríos dio un nuevo paso en el proceso de reorganización del sistema financiero regional. El Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para obtener autorización y avanzar con la fusión del Nuevo Banco de Entre Ríos (Nbersa) con el Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco de San Juan.
La operación prevé una fusión por absorción, en la que la entidad santafesina tendrá el papel de absorbente y continuará con los derechos y obligaciones de las otras dos instituciones. Uno de los principales cambios será el traslado de la casa central a la provincia de Santa Fe, mientras que el banco resultante adoptará una nueva denominación social e identidad comercial que represente la trayectoria de las tres entidades.
La iniciativa cuenta con una opinión preliminar favorable del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que considera que la reorganización puede contribuir a fortalecer el patrimonio y mejorar la eficiencia del sistema financiero.
Qué pasará con los servicios en Entre Ríos
Uno de los puntos centrales del proyecto enviado a la Legislatura es garantizar que la reorganización no afecte la prestación de servicios bancarios en la provincia. El Ejecutivo busca que la entidad que surja de la fusión continúe desempeñándose como agente financiero y caja obligada del Estado entrerriano, con todas las responsabilidades que actualmente tiene a su cargo Nbersa.
En ese sentido, el mensaje oficial sostiene que el traslado de la sede central a Santa Fe no modificará la continuidad ni la calidad de los servicios, tampoco la capacidad operativa, los niveles de atención o la cobertura territorial de las sucursales y cajeros automáticos comprometidos en Entre Ríos.
La entidad que resulte de la operación deberá asumir, además, los derechos y las obligaciones pendientes del actual agente financiero, sin que la modificación societaria implique una interrupción de los compromisos asumidos con el Estado provincial.
Por qué interviene la Legislatura
Si bien los informes jurídicos del Ejecutivo señalaron que el Gobierno tenía atribuciones para resolver administrativamente la solicitud, se optó por remitir el proyecto a la Legislatura debido a la relevancia institucional de la operación.
Desde la administración provincial remarcaron que el agente financiero cumple funciones que van más allá de las de un proveedor habitual del Estado: administra los depósitos del Tesoro y participa en el pago de los salarios de los trabajadores públicos y de los haberes del sector pasivo.
Por ese motivo, consideraron necesario que el cambio en la estructura societaria y contractual tenga el respaldo de los representantes legislativos, teniendo en cuenta que sus efectos se extenderán más allá de la actual gestión de gobierno.
La autorización provincial, de todos modos, no será suficiente para concretar la fusión. El proceso deberá contar también con la aprobación definitiva de los órganos societarios de las entidades involucradas y con la autorización formal del Banco Central.
De esta manera, la Legislatura tendrá que analizar una propuesta que modificará la estructura del agente financiero de Entre Ríos y trasladará su sede central fuera de la provincia, aunque con el compromiso oficial de sostener la prestación de los servicios bancarios en todo el territorio entrerriano.
