Milagro Sala enfrenta un pedido de desalojo de la vivienda donde cumple arresto domiciliario en La Plata desde 2023, lo que pone en riesgo su régimen de detención ante la falta de un lugar alternativo para alojarse.
La dirigente social jujeña cumple arresto domiciliario en una vivienda de La Plata desde 2023 por razones de salud, tras una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su estadía se basó en alquileres temporarios renovables cada dos meses. El 3 de noviembre de este año, las partes firmaron un acuerdo de desocupación con fecha límite el 3 de diciembre, plazo que ya venció y que Sala no cumplió, permaneciendo en el inmueble.
Los propietarios aseguran que desean vender la propiedad y que la presencia de Sala lo impide. La dirigente no ha conseguido una alternativa de alquiler, según fuentes vinculadas al caso. Los dueños enviaron una carta al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, solicitando que la Provincia garantice una vivienda en alquiler para Sala, pero no hubo respuesta ni avances concretos del Ejecutivo bonaerense.
Situación judicial
Inicialmente, la abogada de los propietarios, Alicia Cagnani Salinas, inició un proceso de desalojo en el fuero Civil y Comercial de La Plata. Este se declaró incompetente y derivó la causa al Juzgado de Ejecución Penal N°1 de La Plata, a cargo del juez Juan José Ruiz, entendiendo que la situación está atravesada por la medida judicial de detención domiciliaria. Previamente, los propietarios también se comunicaron con el Juzgado de Ejecución de Jujuy, que derivó el asunto a la justicia bonaerense por ser el territorio donde se supervisa el arresto.
Contexto del caso
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 en Jujuy durante una protesta. Su caso ha sido señalado por organismos de derechos humanos —como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos—, quienes denunciaron irregularidades procesales y sostuvieron que fue víctima de persecución política y judicial. El arresto domiciliario por salud le permitió trasladarse a La Plata para tratamiento médico.
La decisión del juez Ruiz será determinante para resolver el conflicto entre la necesidad de garantizar el cumplimiento del arresto domiciliario y los derechos de los propietarios a recuperar su inmueble.
