La crítica del gobierno de Javier Milei a “la falta de control y de auditorías” sobre las universidades nacionales se convirtió en un tema de discusión en medio del conflicto por el desfinanciamiento de la educación superior que ha decidido llevar adelante la gestión libertaria.
Con la segunda marcha federal universitaria -que el 2 de octubre registró movilizaciones masivas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata, y con menor fuerza en casi todas las capitales de provincia, el debate se intensificó.
¿Qué dicta la ley sobre las auditorías?
El artículo 59 bis de la Ley 24.521 establece que “el control administrativo externo” de las universidades estatales “es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación (AGN)”, que “dispondrá de un área específica (…) para llevar a cabo esta tarea”.
La ley no aclara, sin embargo, con qué periodicidad debe hacerse ese control.
Y agrega: “Todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.
¿Cuál es la crítica del Gobierno?
En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita funciona la Subsecretaría de Políticas Universitarias, señaló: “Es esencial auditar el uso de los fondos públicos. Las universidades, especialmente la Universidad de Buenos Aires (UBA), no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos. Es importante aclarar que la afirmación sobre las supuestas auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN) a las universidades no es correcta”.
Y agregó: “En la actualidad, la AGN tiene seis informes en proceso, y en los últimos años solo aprobó tres informes, de los cuales solo uno está vinculado a la UBA, correspondiente a la Facultad de Psicología, auditada en 2018. Los otros dos corresponden a períodos auditados en 2017. Por lo tanto, no es cierto que las universidades tengan más auditorías que otros sectores del Estado”.
¿La AGN audita a las universidades?
El comunicado del Gobierno señala que en los últimos años sólo se auditó una facultad de la UBA, la de Psicología, en 2018. De la búsqueda de informes en la web de la AGN, al filtrar por la UBA, el último informe publicado es, efectivamente, el de la Facultad de Psicología, publicado en octubre de 2023 sobre el ejercicio 2018. Antes de eso, figuran cinco informes sobre la UBA en la web de AGN.
En abril de 2024, en el marco de la primera marcha universitaria contra el gobierno de Milei, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, explicó que las auditorías que debe realizar cada año la AGN las establece la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, integrada por diputados y senadores. Por ejemplo, el Plan de Acción Anual de la AGN para 2024 incluye las auditorías de las universidades de Córdoba, Formosa, Jujuy, La Plata, Salta y el Nordeste.
La AGN realiza una auditoría de la cuenta de inversión. Todos los años audita las áreas que tienen “entradas” y “salidas”, como la AFIP y la Anses, y los órganos rectores, como la Contaduría General de la Nación. Y después hace una muestra de organismos.
Los organismos que son auditados cada año deben ser seleccionados por la AGN en el Plan de Acción Anual, que luego debe aprobar la Comisión Mixta del Congreso. No es el Congreso el que elige los organismos, sino el que aprueba la selección hecha por AGN.
Las auditorías, además, presentan cierto rezago. Las que realiza este año la AGN sobre Formosa, Salta y el Nordeste auditan el período 2019-2021.
¿El Poder Ejecutivo puede auditarlas?
El Gobierno le endilga a las universidades un presunto rechazo a ser auditadas. El organismo de control interno de la Administración Pública es la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende del Presidente de la Nación y que cuenta con unidades de auditoría interna (UAI) en los distintos organismos de la Administración.
Sin embargo, la Sigen no puede realizar auditorías de las universidades nacionales porque así lo estableció una ley aprobada en 2020, que las exceptuó de ser auditadas ad hoc por los síndicos y funcionarios de la Sigen.
Como se mencionó más arriba, la Ley de Educación Superior establece que “todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.
Pero además las universidades tienen sus propias unidades de auditoría interna, aunque -en lugar de ser designadas por la Sigen- los auditores internos son designados por el Rector o el Consejo Superior de cada universidad, aunque sus auditores utilizan las normas de control interno de la Sigen.
