El 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una fecha que busca reconocer el valor de este trabajo y reivindicar los derechos de quienes lo realizan. En Argentina, el trabajo en casas particulares es el más feminizado (99%), el de mayor informalidad (71%) y el de menores salarios de toda la economía. Asimismo, es la tercera rama de ocupación entre los empleos de las mujeres, después del comercio y la enseñanza.
Según datos del Equipo Grow- género y trabajo, organización cuyo propósito es generar espacios de trabajo diversos, inclusivos y libres de violencia, debido a la pandemia, en 2020 se produjo una fuerte caída del empleo en el sector. Mientras que a inicios del año 1 de cada 6 trabajadoras se empleaba en esta rama de la economía; para principios de 2021, lo hacían 1 de cada 8 trabajadoras.
Para revertir esta situación, ese mismo año se lanzó el programa «Registradas» -aún vigente- que establece un incentivo económico para la contratación de trabajadoras de casas particulares, mediante la transferencia de «una suma mensual equivalente al 50% o 30% de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de la inscripción al programa».
Si bien este programa contribuye a la empleabilidad de las mujeres y a formalizar su actividad, es importante que vaya acompañado de campañas que sensibilicen sobre sus derechos laborales y la importancia de su trabajo. Mejores condiciones laborales implican más autonomía económica y por lo tanto, que puedan tomar libremente las decisiones que afectan a sus vidas.
En América Latina y el Caribe, entre 11 y 18 millones de personas trabajan en casas particulares. Además, este trabajo representa aproximadamente entre el 10% y el 14% del empleo total de mujeres en la región (OIT, ONU Mujeres, CEPAL; 2020). Los servicios de cuidado que prestan (infancias, adultos mayores, etc) y las tareas de mantenimiento de los hogares que realizan son las que permiten que quienes las contratan puedan cumplir con sus obligaciones y/o descansar. Sin embargo, el valor de este trabajo no suele estar reconocido. Sus ingresos son «iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas» y el 78% de ellas trabaja en condiciones de informalidad. En este sentido, si bien la mayoría de los países de la región tienen normativas que garantizan el derecho a la seguridad social, todavía existen altos niveles de incumplimiento.
