Andrés Asiain
El fondo anunciado por el Gobierno a partir de una suba marginal en las retenciones a los derivados de la soja -pasaron del 31 al 33%- generó airadas críticas por parte del sector agropecuario. Con este incremento se espera recaudar un monto que oscila entre un 15 y un 20% del valor total del trigo utilizado para el mercado local, unos 7 millones de toneladas. Un incremento adicional de las retenciones hoy tiene una limitación legal por no haberse probado el presupuesto nacional que incluía la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que pudiera definir esta política. Por lo tanto, cabe preguntarse qué otros instrumentos puede emplear el gobierno nacional si estos anuncios resultan insuficientes para amortiguar el impacto en los precios domésticos. Una medida alternativa que podría generar un efecto en los precios es modificar el esquema de liquidación de las exportaciones agropecuarias, una medida que no requiere autorización parlamentaria porque depende del Banco Central. En caso de tener que liquidarse a un tipo de cambio menor, los precios internos de los productos primarios se reducirían. A diferencia de las retenciones, el Estado no podría recaudar fondos adicionales para destinar a otros sectores más golpeados por el incremento de precios. En un programa más intervencionista, podría emular los esquemas de IAPI y las Juntas Nacionales para concentrar el comercio exterior, tal como se hizo en el marco de los conflictos bélicos globales durante el Siglo XX. Es evidente que si una medida mucho menos disruptiva como la que se aplicó las últimas semanas generó una movilización tan fuerte de los sectores agropecuarios, cualquiera de estas iniciativas tensaría el conflicto político aún más. Eso delinea los límites político-institucionales que existen hoy en día y es necesario modificar para avanzar en una agenda redistributiva más de fondo. Dado que el acuerdo con el FMI seguramente deba renegociarse al verificarse el impacto que tiene el nuevo panorama en las metas acordadas, sería deseable que dentro de los “esfuerzos adicionales” que surjan no sean los sectores populares los que hagan esos “esfuerzos” sino los sectores que se benefician de este nuevo contexto. El Gobierno debería negociar con los burócratas del Fondo que condicionen el sostenimiento del acuerdo a una recalibración impositiva que recaiga sobre la riqueza más concentrada, el 0,2% de la población que realizó el Aporte a las Grandes Fortunas, y una readecuación de las retenciones a los nuevos precios internacionales.
