Los diputados oficialistas de Entre Ríos emitieron un dictamen de mayoría para rechazar el pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina, tras un análisis que consideraron carente de pruebas sobre mal desempeño, y que será votado este viernes.
El dictamen, suscripto por los diputados de Juntos por Entre Ríos y los libertarios, concluye que «no hay mal desempeño en sus funciones» por parte de Medina. El documento, de 21 páginas, sostiene que las actividades de la vocal, como viajar al exterior, realizar capacitaciones o presidir asociaciones ad honorem, «bajo ningún aspecto se puede considerar una falta ética o mal desempeño».
Los legisladores argumentaron que el análisis de gastos y viáticos no es facultad de la Cámara, sino del Tribunal de Cuentas de la Provincia, organismo que —según el dictamen— aprobó todas las rendiciones. Respecto a los viajes privados financiados por terceros, como los realizados en aviones de Eduardo Eurnekian, indicaron que mientras estuvieran autorizados y no afectaran el patrimonio estatal, «no es materia de discusión de este Poder Legislativo».
El dictamen también abordó el régimen de licencias, señalando que los vocales del STJ tienen un régimen especial autónomo, aprobado por acuerdos del propio tribunal, que no está sujeto al tope general de 20 días anuales. Los diputados consideraron que todas las ausencias de Medina entre 2016 y 2025 «fueron solicitadas en tiempo y forma, autorizadas, registradas y aprobadas por autoridad competente».
Sobre la presidencia de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el dictamen afirmó que no se verifica incompatibilidad con la función judicial, que no hubo aportes del Banco NBERSA o Fundación Petersen a la asociación, y que el patrimonio es administrado de manera colegiada.
Críticas al proceso y exhortación
Los legisladores oficialistas descalificaron las denuncias, considerándolas «una construcción discursiva artificiosa» basada en «notas periodísticas e inferencias subjetivas», y afirmaron que no acreditan «daño institucional, afectación del servicio de justicia, retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno».
No obstante, incluyeron una exhortación al Poder Judicial para que «adecue sus regímenes de licencias a lo que rige en otros ámbitos del Estado», sugiriendo la fijación de un plazo máximo anual para capacitaciones y viajes, y la implementación de normas para evitar la morosidad en los fallos.
La sesión para tratar el dictamen está prevista para este viernes a las 14 horas. Según el artículo, el bloque peronista votaría en contra o solicitaría abstenerse, una opción no reglamentada pero previamente acordada en otras instancias.
