Es impulsada por la oposición. Si se aprueba el dictamen que propone utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar deudas y juicios, sería una derrota para el Gobierno.
Con la presencia de 140 diputados presentes, arrancó en el mediodía de ayer la sesión en la Cámara baja, pero el tema de la convocatoria se empezó a tratar cinco horas después, ya que otra vez los diputados abusaron del período de cuestiones de privilegio, que es la manera que tienen de realizar manifestaciones generales sobre asuntos de la coyuntura política en contra de algún o algunos funcionarios y/o legisladores, entre otras figuras públicas. El tema en cuestión es establecer por ley un nuevo mecanismo de actualización automática de los haberes jubilatorios.
La sesión fue pedida por la oposición que, si logra consensuar un texto y aprobarlo, eso supondrá una derrota política para el gobierno de Javier Milei, porque se trataría de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y, en adición, una recomposición en los haberes para contemplar la inflación más alta del año, que fue la de enero (20,6%, según el Indec).
Por la mañana contribuyeron al quórum los bloques Unión por la Patria (UP), Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF), Innovación Federal (IF) y el Frente de Izquierda (FIT), entre otros.
En cambio, se negaron a dar quórum -aunque después terminaron bajando- los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados: el PRO, MID, los tucumanos de Independencia y otros monobloques.
Sesión especial
Esta sesión especial, pedida por el bloque radical, que preside el cordobés Rodrigo de Loredo, tiene como fin tratar una nueva fórmula de movilidad previsional, de cuyo debate en comisiones habían terminado firmándose cinco dictámenes: el de mayoría, de UP; y el segundo con más firmas, de la UCR, HCF, IF y la Coalición Cívica. Los otros tres son de LLA, del PRO y el del FIT.
En cuanto a la movilidad jubilatoria, según publica el portal especializado Parlamentario, la gran diferencia entre los dos primeros dictámenes radica en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), al que UP no quiere tocar, mientras que el otro conjunto de bloques propone que con esos fondos se paguen las deudas con las provincias por las cajas no transferidas y los juicios de reajuste con sentencia firme.
Sobre el cálculo para ajustar los haberes, ambos contemplan el índice IPC (precios) y la posibilidad de tomar el RIPTE (salarios) si es más favorable; también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar —con la ya otorgada por el Gobierno en abril— el 20,6% de inflación que hubo en enero; y buscan que ningún jubilado gane menos que lo representa una Canasta Básica Total (CBT) —que es el parámetro para ubicar a las personas y familias en la pobreza o fuera de ella—, aunque UP sube ese piso mínimo un poco más.
El dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.
Tácticas y especulaciones
Al cierre de esta edición, se aguardaba la postura que tomaría la “oposición dialoguista” cuando se votara en primer lugar el dictamen de UP, y si éste resultara rechazado, qué pasaría a continuación. Se especulaba con la posibilidad de que no se lleguen a acuerdos y los despachos podría ser rechazados, en cuyo caso preferirán pedir una moción para que el tema regrese a comisión.
