Desde la OGH Infancia Compartida se buscó dar visibilidad a la fecha.
Con un gran marco de activistas y vecinos, que se acercaron espontáneamente a la peatonal Luz y Color, se llevó a cabo en Concepción del Uruguay la jornada de concientización por el #20N, a 32 años del tratado internacional por los derechos de los niños, por parte de la organización no gubernamental (ONG) Infancia Compartida.
Al respecto, sus integrantes señalaron que en nuestra ciudad “son muchos los casos de impedimentos de contacto, falsas denuncias y todas las herramientas dispuestas para lograr la obstrucción de vínculo. Vemos a diario cómo pasa a un segundo plano el derecho de los niños a compartir un tiempo sano y de calidad con el progenitor no conviviente”.
En este sentido, enfatizaron que “la obstrucción del vínculo es maltrato infantil”. “Estamos convencidos que esta problemática va a comenzar a cambiar para que una infancia sea sana, los cuidados y obligaciones tienen que ser compartidos”, se sostuvo desde la entidad.
La normativa
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1989, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho.
Este tratado, promulgado el 16 de octubre de 1990, establece los derechos en sus 54 artículos y protocolos facultativos, definiendo los derechos humanos básicos que deben disfrutar los niños, las niñas y adolescentes.
Fue firmado por 190 países, con excepción de Somalia y Estados Unidos. Establece que los Estados que lo ratifiquen deben asegurar de manera obligatoria que todos los menores de 18 años gocen de los derechos contenidos en él sin distinción de raza, color, idioma, nacimiento o cualquier otra condición del niño/a, de sus padres o de sus representantes legales.
Desde entonces, Argentina está obligada a garantizar todos los derechos establecidos en la Convención a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en la República.
La ley 26.061 de protección integral de los derechos de la niñas, niños y adolescentes, sancionada en 2005, establece la aplicación obligatoria de la Convención.
