Desde la entidad denunciaron que muchos beneficiarios alquilan o venden sus respectivas viviendas.
Según datos revelados por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) la cantidad de grupos familiares inscriptos en la operatoria de demanda libre (sin vivienda ni terreno) ascendió a 42.162, mientras que los postulantes incluidos en la operatoria 2 (crédito para construcción de vivienda en terreno propio) son 2.200 familias y en la tercera categoría (crédito para la ampliación de viviendas) abarca a 1.257 familias. Estos números muestran una problemática estructural que afecta a miles de entrerrianos, sin embargo, en un informe del organismo se consignó que son 1.285 los que afrontan denuncias por haber intentado vender o alquilar la propiedad. “Tomamos conocimiento por denuncias de los propios vecinos. Tenés de todo; hay algunos que la venden, incluso hemos detectado a algunas inmobiliarias que ofrecen viviendas: lo hacen a través de las redes, donde hacen publicidad. Estafan a la gente, porque la gente no sabe. La mayoría de los casos se da en Paraná, pero también sucede en Concordia, en Gualeguaychú y en Concepción del Uruguay”, manifestó el presidente del organismo, Marcelo Bisogni.
Para llegar a tener la casa propia se requiere del cumplimiento de una serie de pautas administrativas, que sirven para evitar que se cometan maniobras delictivas. Aquellos que resultan adjudicatarios después de cinco años pueden cancelar la deuda y escriturar a su favor. “Si durante esos primeros cinco años la alquilan, la venden o no la habitan se efectúa la denuncia, por lo que concurren las asistentes sociales y a partir de ahí comienza el proceso judicial”, explicó el funcionario. Cuando se acredita una maniobra ilegal de parte de algún adjudicatario, que consiste en la transacción de la vivienda con un tercero, ofreciendo la propiedad en alquiler o directamente la venta, el IAPV en primera instancia trata de buscar una alternativa de regularización.
Accionar ante irregularidades
“Lo que hacemos es proceder desde las cuatro regionales que tiene el organismo en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y en Concepción del Uruguay. Hacen las visitas las trabajadoras sociales y es ahí donde se detecta que el adjudicatario se la dejó a la hija, a la hermana o a la tía o al sobrino. Es algo que no se puede hacer, porque la tiene que ocupar el adjudicatario”.
