El diputado provincial Juan José Bahillo (FdT-Gualeguaychú) detalló un proyecto elaborado junto al ex titular de Aduana, Guillermo Michel, que busca establecer una empresa encargada de comercializar la energía producida por Salto Grande.
En una entrevista en el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Bahillo explicó que la provincia de Entre Ríos genera alrededor del 5% de la energía eléctrica nacional, principalmente a través de los recursos naturales del río Uruguay, pero no recibe un reconocimiento adecuado por ello. Destacó que el gobierno nacional ha adoptado una postura firme de fijar los precios de la energía según estándares internacionales, lo cual no se ajusta a la realidad económica de la provincia ni de sus habitantes y empresas.
El proyecto propuesto busca aprovechar la diferencia entre el precio al que Salto Grande vende la energía (entre 4 y 5 dólares el megavatio) y el precio al que las distribuidoras la adquieren (entre 40 y 50 dólares). Esta brecha, que ronda los 120 millones de dólares, se debe en gran parte al margen de ganancia que agrega la empresa Cammesa, encargada del mercado mayorista eléctrico. La propuesta plantea que, al no estar Salto Grande obligado a vender exclusivamente a Cammesa, una empresa entrerriana podría comprar la energía a un precio más bajo y ofrecer tarifas más accesibles a las distribuidoras y sectores productivos.
Bahillo enfatizó en la necesidad de flexibilizar las tarifas para adaptarlas a las necesidades de distintos sectores, como el agrícola, que requiere un suministro constante de energía durante períodos específicos. También destacó la importancia del consenso político para llevar adelante esta iniciativa, así como la madurez demostrada en la Cámara de Diputados para trabajar en conjunto en beneficio de la provincia.
En cuanto a otros temas legislativos, Bahillo mencionó la aprobación de un proyecto para aumentar las alícuotas de ingresos brutos a los bancos como medida para sostener las cuentas públicas en un contexto de restricciones financieras del gobierno nacional. También abordó la demora en el tratamiento de la emergencia alimentaria, explicando las responsabilidades de la oposición en presentar propuestas alternativas y la situación en la comisión de desarrollo social, controlada por el oficialismo.
Sobre la no aprobación de la emergencia en materia vial, Bahillo argumentó que se consideró innecesaria debido a que las obras viales pueden abordarse sin recurrir a la eliminación de controles administrativos y contrataciones directas por parte del Ejecutivo. Enfatizó en la importancia de mantener los mecanismos de control en la administración pública, especialmente en un contexto de crisis económica y social.
