Los abogados y abogadas penalistas de Entre Ríos que forman parte del Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología (Idppc) del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) afirmaron que “la Comisión Directiva del CAER confunde las competencias de los matriculados con el rol institucional”. Esta declaración se realizó en respuesta a la decisión del CAER de rechazar un proyecto presentado por el Instituto en la Cámara de Diputados, relacionado con la reforma de la Ley de Juicios por Jurados.
En un comunicado emitido por los abogados penalistas provinciales que son miembros del Idppc, se evidenció un conflicto entre la Comisión Directiva (CD) del CAER y el Instituto. El desacuerdo surgió tras la presentación del Instituto de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, en el contexto del debate sobre una modificación del artículo 2 de la Ley de Juicio por Jurados.
Los firmantes del comunicado sostuvieron que “la CD del CAER confunde las atribuciones de los matriculados con el rol institucional” y agregaron que “la CD del CAER no tiene la autoridad para desautorizar, impedir o censurar que los profesionales matriculados en el Colegio, que practican el derecho penal en los tribunales, propongan ideas y presenten proyectos ante la legislatura”. Además, se destacó que actualmente se están realizando gestiones para formalizar el Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos como una ONG, una acción que, según los abogados, el Colegio de la Abogacía no puede prohibir.
Se mencionó que el proyecto del Idppc recibió el apoyo de otras entidades como la Asociación de Víctimas de Crímenes Aberrantes (Vidaer), la Asociación de Pensamiento Penal (APP), la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), todas las cuales se oponen al proyecto del Ejecutivo.
En respuesta, el CAER argumentó que el proyecto presentado por el Idppc “no es un proyecto institucional autorizado por el Colegio, por lo que carece del respaldo de la institución”. Además, el CAER alegó que el Instituto “no tiene la representatividad ni la facultad para presentar proyectos de ley sin la aprobación previa del Consejo Directivo”.
El CAER también indicó que los institutos del Colegio pueden colaborar con las autoridades del CAER en la elaboración de legislación y brindar información sobre legislación, jurisprudencia y doctrina, pero no pueden presentar proyectos de forma autónoma. Según el CAER, solo el Colegio y sus secciones tienen la representación de los matriculados, conforme a la ley 10.855 que regula la colegiatura.
En su comunicado, los abogados y abogadas del Idppc precisaron que presentaron “una propuesta de solución legislativa para la reforma de la ley 10.746 – juicio por jurados – a través de la mesa de entradas de sugerencia ciudadana de la Honorable Cámara de Diputados, según expediente N° 2297/2024”.
Finalmente, los abogados que se oponen a la reforma de la Ley de Juicios por Jurados aclararon que “no se trata de una propuesta formal e institucional del Colegio de la Abogacía”. También señalaron que el Colegio invitó al Instituto a una Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para asistir el 13 de agosto del corriente año, pero con menos de 20 horas de antelación, lo que consideran insuficiente para una adecuada reorganización de agendas y preparación técnica.
