La educación es un derecho que tiene, como tal, dos aspectos centrales: en primer lugar, está definido por la Constitución. A su vez la Ley de Educación Nacional 26.206 establece en su Artículo 3° “La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.” Vale señalar un segundo aspecto fundamental, es que el Estado a través de sus dispositivos institucionales debe garantizar este derecho que en nuestro país, es obligatorio para los niveles inicial, primario y secundario. Por eso la obligatoriedad es también para que el Estado, que debe garantizar, invertir y responsabilizarse ineludiblemente del derecho a la educación.
En Argentina y muy especialmente en Entre Ríos, la educación pública de gestión estatal tiene una larga historia y es parte constitutiva de la identidad que somos. Es por eso que instituciones educativas de distintos niveles y modalidades, gratuitas, de calidad y financiadas por el Estado, representan quizás una de las conquistas sociales y concreción de igualitarios e inclusivos que supimos lograr. Lo cual no excluye debates y acciones para mayores exigencias en torno a su calidad.
En el marco de propuestas propias de un año electoral se plantea, sin fundamento serio, la idea de voucher o cupón individual para el financiamiento y de desobligar para el cumplimiento. Por parte de quienes eligen el achicamiento del Estado y la mercantilización de la educación. Desde esa perspectiva el aprendizaje es una mercancía y las personas individuos que compiten por esa mercancía. Deja de existir el derecho, no hay sujetos, no hay construcciones colectivas y se niega la historia democrática de nuestro país, que supo construir consensos. Acuerdos que se transformaron en leyes y en políticas de estado, transcendiendo gobiernos y garantizando posibilidades para una sociedad más justa y soberana.
En perspectiva con esos acuerdos, justamente la semana pasada obtuvo media sanción la Ley Progresar, que institucionaliza una política para reafirmar el compromiso del estado en la educación de los y las jóvenes. Ley que en su letra garantiza el derecho sin condiciones meritocráticas de acceso a un premio. Progresar es una política educativa y social que se caracteriza por su alcance y acompañamiento en relación a la terminalidad del secundario y el cursado de estudios en el nivel superior del grupo etario que fue incorporado. Aquel enero de 2014, cuando el programa Progresar fue presentado por primera vez, la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner1 decía “Progresar no es sólo una política de gobierno es un proyecto de vida. Tenemos que marchar hacia la utopía de una sociedad igualitaria” Hoy 9 años después seguimos construyendo ese derecho con nuevos desafíos y las mismas certezas.
En la escuela se aprende a leer y a escribir, en la escuela se democratiza el acceso a la cultura y se forman ciudadanos. En Argentina es gratuita y obligatoria, aspectos fundamentales para volver a la educación un derecho irrenunciable y que debe ser garantizado por el Estado. Este es nuestro consenso como sociedad, como Patria y es el derecho que también sabremos fortalecer día tras día y defender siempre.
Blanca Inés Osuna – Diputada de la Nación
