El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró el martes 30 de diciembre la nulidad del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad. En la sentencia, el magistrado determinó que el Poder Ejecutivo asumió facultades propias del Legislativo.
No obstante, el protocolo continuará vigente: tanto la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como la ministra actual, Alejandra Monteoliva, publicaron en sus cuentas de X que “la Justicia concedió el recurso de apelación” y que el protocolo antipiquete sigue vigente.
El juez hizo lugar a un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales (CELS) que cuestionaba la ilegitimidad de la Resolución 943/2023.
El juez consideró al protocolo ilegítimo y determinó que “el Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias”. Y advirtió que “conforma un exceso en la competencia otorgada al Poder Ejecutivo”, porque bajo la apariencia de instruir a las fuerzas represivas, “está legislando y ello conforma violación al derecho”, pues se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo.
Este fallo fue apelado por el ministerio de Seguridad ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que concedió la apelación y “suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo”.
El protocolo habilitó a las fuerzas de seguridad federales a intervenir ante casos de “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales”. También dicha intervención puede producirse sin orden judicial (al sostener que se trata de un delito flagrante, es decir, que es advertido por las autoridades mientras se comete). Además, el protocolo ordena “registrar a los participantes de las protestas mediante filmaciones, priorizando la identificación de sus líderes y las organizaciones presentes”.
