Un juez federal le ordenó al gobierno nacional que compense a las empresas de transporte de larga distancia por el déficit de 27 mil millones de pesos que acumulan desde 2016 luego de que dejaron de recibir subsidios. El magistrado estableció que se haga mediante el mecanismo que el Poder Ejecutivo crea más conveniente y le dio un plazo de 10 días.
La decisión fue del juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa hizo lugar al pedido de una veintena de empresas de micros de larga distancia y dejó sin efecto una resolución del Ministerio de Transporte durante la gestión de Mauricio Macri que había revocado los subsidios que las compañías recibían desde 2013 tanto para los pasajeros como para los empleados.
El magistrado explicó, en una resolución que dictó el 26 de enero durante la feria judicial y que se conoció ayer con el regreso de la actividad a tribunales, que los subsidios fueron revocados sin cumplir con el procedimiento legal. “En efecto, el Ministerio demandado estaba obligado a realizar un informe y/o un estudio en conjunto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)”, explicó el juez Correa, y que al no hacerlo “actuó de modo irrazonable, toda vez que no realizó un relevamiento del servicio para adecuar de modo progresivo el servicio público –sin afectar los puestos de trabajo y a los consumidores–”.
El juez Correa dictó una medida cautelar –es provisoria y resta que resuelva el planteo de fondo– en la que le dio 10 días al Ministerio de Transporte, a cargo de Mario Meoni, para que “establezca el mecanismo compensatorio que considere más conveniente para equilibrar de manera eficiente y eficaz el déficit económico”. El gobierno de Alberto Fernández puede apelar para que la decisión sea revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
