Distintas organizaciones ambientalistas, colectivos, asambleas y figuras públicas solicitaron a los diputados entrerrianos que no acompañen los proyectos que proponen la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y crear el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Advirtieron sobre su inconstitucionalidad y explicaron que implica, entre otras cosas, que “toda política de protección ambiental conquistada en las últimas décadas será considerada nula”.
“Ni RIGI, ni RINI. Queremos una Entre Ríos sin saqueo y contaminación”, se titula el comunicado enviado a esta Agencia en el que se indica que la Multisectorial por los humedales Paraná y la Coordinadora Basta es Basta presentó una nota contra el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) impulsada desde Basta de Falsas Soluciones, y que además, tiene la firma de un centenar de organizaciones, colectivos, asambleas, sindicatos, y personalidades.
“Luego de presenciar la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas, y constatar que hay voluntad política por parte del gobierno de Frigerio de avanzar en la adhesión y sumar la creación del RINI (Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones), se presentó esta nota de rechazo y se llama a la construcción de una coordinadora contra el RIGI y el RINI en Entre Ríos”, señalaron.
En la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, se afirma que las organizaciones exigen a las autoridades que rechacen la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones incluido en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (27.742).
“Se trata de una vulneración inconstitucional de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los distintos acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en las últimas décadas, particularmente en materia ambiental y de recursos hídricos. Esto incluso implicaría revisiones de los acuerdos relativos a las represas binacionales Salto Grande y Yacyretá”.
Trabajo, ecosistema y milicias
Además, indican la débil posición de la Argentina frente eventuales litigios. “Ante conflictos de interés, por ejemplo de daño ambiental, se terminarían definiendo las denuncias en tribunales internacionales como el Ciadi de amplia trayectoria en fallos contra nuestro país”, advierten.
Asimismo, los firmantes alertan sobre la eventual pérdida de fuentes de trabajo y la destrucción de las economías regionales. “Ningún estudio de impacto ambiental serio puede hacerse en los tiempos estipulados a la hora de habilitar la incorporación de unidades productivas al RIGI. Es un esquema de zonas económicas liberadas, con exención fiscal e inmunidad legal. Incluso, alertamos sobre la protección militar vía resolución 499/24 del Ministerio de Seguridad, avalando la criminalización de las comunidades y organizaciones en resistencia”, sostiene el documento.
