El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos emitió un comunicado. LA CALLE dialogó con el penalista José Ostolaza.
Por Matías Dalmazzo
Desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en conjunto con el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, emitieron un comunicado donde manifestaron repudio a los dichos de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien durante una entrevista con Alejandro Fantino propuso intervenir las charlas entre abogados y defendidos.
Durante la charla que mantuvieron, la candidata manifestó que “grabaría las comunicaciones de los abogados y abogadas con sus clientes”.
El comunicado completo
Repudiamos enfáticamente los dichos de Patricia Bullrich quien, en un reportaje con el conductor Alejandro Fantino, refirió que en caso de ser electa grabaría las comunicaciones de los abogados y abogadas con sus clientes. Ello visibiliza un desconocimiento de las garantías de las personas a defenderse y ser oída ante una acusación, como así también, al ejercicio de nuestra profesión.
En la misma línea, imponer condenas privando a un sujeto de poder hablar en privado con su defensor, es directamente eliminar la posibilidad de una defensa seria y eficiente.
De permitirse tales violaciones, bastará que quien ejerza el poder quiera encarcelar a alguien para que esto suceda. Ya no habrá abogadas y abogados defensores. Los dichos de la candidata ponen en jaque las garantías constitucionales en un estado democrático de derecho.
Por ello repudiamos las propuestas que ignoran las garantías constitucionales como, la inviolabilidad de la defensa en juicio, el debido proceso legal; velando por un noble y libre ejercicio de la defensa penal en pos de la verdad.
Esta garantía, reforzada mediante pactos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro bloque convencional con jerarquía constitucional son el cimiento de la república. Y no podemos perder de vista que, ante cualquier uso del aparato punitivo del estado frente a la ciudadanía, y que hoy, a 40 años de recuperada, debemos cuidar y proteger enérgicamente y más que nunca.
Habló José Ostolaza, abogado penalista
Debido a esto y con la intención de profundizar al respecto, la redacción de LA CALLE dialogó con José Ostolaza, vicepresidente del Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos, quien no dudó en asegurar que: “Definitivamente, desde el punto de vista constitucional y procesal, la iniciativa que plantea Patricia Bullrich sería improcedente.
-¿Qué opina al respecto de las declaraciones de Patricia Bullrich?
-Sin intenciones de tener un tinte político, se trata de un avallasamiento al estado de derecho; principalmente al debido proceso y la defensa en juicio. En primer lugar, hay normas de tipo constitucionales y procesales que en este caso se estarían violando.
Se estaría violando la norma constitucional del derecho a la intimidad y el debido proceso objetivo, que está vinculado con la defensa de las personas que deben ser sometidas a un juicio.
Por otro lado; desde el punto de vista procesal, para intervenir un teléfono y no afectar el derecho a intimidad a las personas, tendría que haber una sospecha objetiva de que se está cometiendo un delito o que eventualmente se podría llegar a cometer uno.
-¿Existen países en el mundo donde se realicen estas prácticas, de grabar a abogados y sus clientes?
-La verdad que desconozco si en otros países se puede o no intervenir las comunicaciones de los abocados y sus defendidos. Pese a que en las películas americanas se muestran intervenciones de las comunicaciones entre defensor y acusado, esto estaría violando la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos; la cual hace referencia al derecho contra la autoincriminación.
-¿Está iniciativa de Bullrich, encajaría en un gobierno democrático? ¿Cómo debería actuar la justicia, si desde un gobierno democrático se opta por una iniciativa de esta magnitud?
-Para poder realizar lo que plantea Bullrich, es necesario hacer una reforma constitucional y procesal. De todas formas, supongamos que se permitan estas intromisiones en derechos tan fundamentales, como defensa e intimidad, me parece que la Corte Suprema no dudaría en declarar la inconstitucionalidad de tal iniciativa. Esta propuesta no solamente afecta el derecho de defensa, sino que a la vez emparenta a los abogados con los justiciables. De esta manera, dirían que los defensores estarían cometiendo delitos. Estimo que ningún tribunal de Argentina permitiría el avallasamiento a tales derechos.
-¿Estaríamos ante la permanente sospecha, de que los abogados indudablemente son cómplices de sus defendidos?
-Te vuelvo a repetir, me parece que se pretende asimilar la condición del imputado a la condición del abogado.
En este caso, si tenemos en cuenta en las circunstancias para intervenir un teléfono, que es cuando se sospecha de que se está cometiendo un delito, colocarían al abogado en las mismas condiciones que el cliente.
Me parece una barbaridad y un avasallamiento a cualquier tipo de derechos.
