La médica ginecóloga y obstetra Gabriela Luchetti cuestionó duramente el proyecto de ley denominado “Latidos”, presentado por la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Alida Ferreyra, que propone modificar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La iniciativa establece que las personas gestantes deban escuchar la actividad cardíaca del embrión o feto antes de firmar el consentimiento informado para interrumpir el embarazo.
La especialista consideró que la propuesta constituye un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos y advirtió sobre sus posibles consecuencias en la salud de quienes atraviesan esa situación.
Luchetti cuenta con 30 años de trayectoria en el sistema público de salud. Fue jefa del Servicio de Ginecología del principal hospital de Neuquén y actualmente se desempeña como profesora adjunta y jefa de cátedra de Ginecología y Obstetricia en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue.
Al referirse a la iniciativa, calificó la propuesta como “una barbaridad” y sostuvo que atenta contra los derechos humanos y el acceso a la salud sexual y reproductiva. Además, consideró que imponer esa práctica constituiría una forma de violencia obstétrica.
La médica explicó que, durante la consulta, los profesionales deben evitar cualquier presunción sobre los sentimientos de la paciente respecto del embarazo y garantizar una atención respetuosa, sin generar situaciones que puedan incrementar su angustia.
La culpa como herramienta de presión
Luchetti señaló que la práctica de obligar a escuchar los latidos fetales no es una idea nueva y cuestionó que se utilice como mecanismo de presión sobre quienes deciden interrumpir un embarazo.
En ese sentido, sostuvo que la exigencia no modificaría necesariamente la decisión de abortar, pero sí podría provocar un sufrimiento emocional innecesario. “Le genera mucha angustia a la persona. Eso no quiere decir que no va a abortar, va a interrumpir el embarazo con angustia, con desazón, con pena, y no con alivio”, explicó.
Para la especialista, obligar a atravesar esa experiencia implica someter a la persona a una situación de maltrato que no aporta ningún beneficio desde el punto de vista sanitario.
Un escenario de creciente hostilidad
La ginecóloga también vinculó la aparición de este tipo de iniciativas con el clima político actual, al que describió como un escenario de fuerte violencia y hostilidad, promovido principalmente desde el ámbito gubernamental.
En contraposición, defendió la perspectiva del movimiento feminista y remarcó que su objetivo no es imponer decisiones, sino garantizar que cada persona pueda ejercer sus derechos. Advirtió que, mientras desde ese espacio no se obliga a nadie a realizar determinadas prácticas, las propuestas contrarias buscan impedir que las personas puedan decidir sobre sus propios cuerpos.
Las consecuencias para el sistema de salud
En relación con las posibles repercusiones sanitarias, Luchetti alertó que incorporar esta exigencia podría generar demoras en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y llevar a las personas a buscar alternativas por fuera de los circuitos formales de atención.
Según explicó, la obligatoriedad de este procedimiento podría retrasar los tiempos de atención, ya que algunas pacientes intentarían encontrar profesionales o instituciones que no les impongan esa condición.
Asimismo, defendió el funcionamiento del sistema vigente y señaló que en Argentina los abortos no aumentaron desde 2020. También indicó que alrededor del 90% de las interrupciones se realizan antes de las nueve semanas de gestación, lo que, a su entender, refleja la capacidad de los servicios de salud para garantizar el acceso oportuno a la práctica.
Objeción de conciencia y contradicciones
Por último, la profesional planteó una comparación entre la objeción de conciencia de los médicos y la posibilidad de imponer determinadas prácticas a las pacientes.
Recordó que, durante su gestión como jefa de servicio, nunca obligó a un profesional a realizar un aborto si sus convicciones personales se lo impedían, porque consideraba necesario respetar la objeción de conciencia y evitar imponer decisiones que violentaran moralmente a otras personas.
En ese marco, cuestionó la contradicción que observa en el proyecto y concluyó: “¿Por qué entonces van a obligar a las mujeres a escuchar los latidos de un hijo que no van a tener?”.
