El manejo de los recursos del Casino de Oficiales de la Departamental Uruguay volvió a generar cuestionamientos dentro de la fuerza policial. Los planteos apuntan al destino de fondos provenientes de aportes del personal, alquileres del quincho y distintas actividades organizadas por la institución.
El principal reclamo pasa por conocer con precisión cuánto dinero ingresa, quién se encuentra a cargo de su administración, quién autoriza los gastos y qué mecanismos de rendición respaldan cada movimiento.
Aportes del personal y gastos del Casino
De acuerdo con los cuestionamientos difundidos, el personal policial realiza aportes mensuales destinados al funcionamiento del Casino de Oficiales. Entre las necesidades que deberían cubrirse con esos recursos se encuentran alimentación, alojamiento, mantenimiento, mobiliario, vajilla, ropa de cama y elementos de higiene.
Sin embargo, quienes plantearon las observaciones aseguran que se habrían registrado deficiencias en algunos de esos servicios y falta de reposición de determinados elementos.
Ante esta situación, el interrogante planteado es cuál es el destino concreto de los fondos aportados mensualmente por los integrantes de la fuerza.
Los ingresos por el alquiler del quincho
Otro de los aspectos bajo cuestionamiento es el funcionamiento del quincho policial, que sería utilizado para eventos tanto de funcionarios como de particulares mediante el pago de un alquiler.
Según los testimonios difundidos, en determinadas ocasiones personas ajenas a la institución habrían utilizado el nombre de funcionarios policiales para concretar esos alquileres. De confirmarse esta situación, los registros deberían permitir establecer quién realizó cada contratación, cuánto abonó y cómo fue contabilizado el ingreso.
El planteo apunta, en definitiva, a determinar de qué manera se registran los recursos obtenidos por el uso del espacio y cuál es su destino posterior.
Fondos y una obra externa
Uno de los cuestionamientos de mayor relevancia se relaciona con el supuesto destino de recursos del Casino, de los alquileres del quincho y de otras actividades hacia la construcción o refacción de una clínica.
Quienes realizaron los planteos sostienen que esos fondos habrían sido utilizados para una finalidad que no estaría vinculada directamente con el funcionamiento del Casino de Oficiales.
También afirman que, ante consultas sobre esta situación, la explicación recibida habría sido que se trataba de una “disposición superior”.
De existir efectivamente una autorización de esas características, los cuestionamientos plantean la necesidad de determinar quién la emitió, cuándo fue adoptada, bajo qué instrumento y cuál fue el monto destinado a la obra.
La fiesta de fin de año
Las dudas también alcanzan a los recursos recaudados para la fiesta de fin de año del personal.
Según los planteos, los integrantes de la fuerza abonaron sus tarjetas y se generó una recaudación destinada, entre otros fines, a la entrega de premios como dinero en efectivo, vouchers, electrodomésticos y una motocicleta 0 kilómetro.
La denuncia pública sostiene que algunos de esos premios aún no habrían sido entregados.
En este punto, el reclamo apunta a conocer el monto total recaudado, los gastos realizados para la organización del evento y cuáles fueron finalmente los premios entregados.
Reclamo por transparencia
Los cuestionamientos abarcan, de manera general, la administración de los recursos del Casino de Oficiales y plantean una serie de interrogantes sobre el manejo de esos fondos: cuánto se recauda mensualmente, qué ingresos generan los alquileres, quién autoriza los gastos y si existen rendiciones periódicas y documentación respaldatoria.
También se reclama determinar si se utilizaron recursos para obras ajenas al funcionamiento del Casino y cuál fue el destino de los premios que, según los planteos, permanecerían pendientes.
Un antecedente que vuelve a poner el tema en escena
Los cuestionamientos se conocen luego de un antecedente registrado dentro de la misma estructura policial. En agosto de 2026, el Gobierno de Entre Ríos oficializó una sanción de 55 días de arresto contra el exjefe de la Departamental Uruguay, Ramón Alejandro Albornoz, por irregularidades administrativas relacionadas con fondos del Casino de Oficiales y del Círculo Policial.
Según el sumario, se determinó un faltante de $6.391.411,14 y el caso también derivó en una investigación penal por presunto peculado.
Este antecedente no permite establecer por sí mismo que los nuevos cuestionamientos estén vinculados con aquel episodio ni implica la existencia de un nuevo delito. No obstante, vuelve especialmente relevante que las dudas sobre el manejo de recursos puedan ser esclarecidas mediante documentación y rendiciones formales.
En ese sentido, el reclamo central es que las cuentas sean transparentes y permitan conocer con claridad cuánto dinero ingresa, quién lo administra, cómo se autorizan los gastos y cuál es el destino de cada recurso.
Por el momento, los planteos difundidos constituyen cuestionamientos que requieren respuestas y, en caso de corresponder, deberán ser analizados y esclarecidos por las autoridades competentes.
