En los últimos diez años no hubo ninguna denuncia de fiscales que refirieran amenazas o intimidaciones por realizar su trabajo.
Hoy comienza a sustanciarse el jury contra la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche. Tres abogados, de “palos” ideológico-partidario ubicados en la antípoda, la denunciaron por presunto mal desempeño de sus funciones en la causa conocida como Contratos en la Legislatura. A pesar de la alarma que han encendido ella, un centenar de sus subordinados e instituciones que aglutinan a los fiscales a nivel nacional, nada presagia que en Entre Ríos se esté ante una “crisis institucional” en la que esté en peligro la independencia del Ministerio Público Fiscal (MPF) para investigar los denominados delitos de corrupción.
En sentido contrario a los términos en que se manifestaron 102 fiscales de la provincia en una carta que cobró estado público, la realidad exhibe otra cara, distinta de los “alarmantes” términos que se vertieron en la misiva. En ésta se sostuvo que el jury contra la fiscal anticorrupción es un “ataque” y “un claro ejemplo del pretendido disciplinamiento y ataque a la independencia judicial, en particular de la actividad de los/as fiscales intervinientes en causas de corrupción. En la actualidad esta grave situación ha sido advertida por organismos internacionales, en cuanto a la vulnerabilidad en que se encuentran quienes investigan delitos en contra de la administración pública -corrupción-“.
Un repaso por el derrotero del caso, hasta llegar al jury, puede echar un poco de luz ante tanta opacidad mediática, antes que jurídica. En una audiencia oral y pública que se realizó el viernes 7 de diciembre de 2018 ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, para tratar el recurso de apelación que presentaron las defensas de dos imputados en la causa Contratos en la Legislatura, Goyeneche negó “enfáticamente”, “a la vista y oídos de todos”, según consta en el pedido de jury, la noticia que dio cuenta que tenía un departamento en copropiedad con uno de los imputados en aquella causa. Luego, meses después de la enfática negativa de la fiscal anticorrupción, otra publicación daba cuenta de otro departamento en condominio con el mismo imputado.
Goyeneche se ha victimizado ubicándose, inteligentemente, como el blanco de operaciones político-mediáticas por “su” lucha contra la corrupción. En rigor de verdad, al menos en los últimos diez años no hubo ninguna denuncia de fiscales que refirieran amenazas o intimidaciones por realizar su trabajo. En sentido contrario, todas las causas por el delito de corrupción se sustancian sin interferencias extrajudiciales y dentro de los parámetros que determinan las normas. Es más, la mayoría, con mayor o menor cantidad de pruebas, llega a juicio, se dicta sentencia y los involucrados aceptan el fallo o lo recurren, nuevamente, de acuerdo a lo que determinan las leyes.
A partir de aquellas notas periodísticas que dieron cuenta del negado vínculo, Goyeneche comenzó a transitar un camino de no retorno que solo por su propia ¿torpeza? ¿terquedad? ¿impunidad? la llevó sin remedio al jury. Es necesario destacar que la Legislatura nunca intervino, al menos de manera oficial, en el tema. Las especulaciones no faltaron. Se rumoreó que ningún legislador tendría los papeles en orden. Pero son rumores palaciegos…
Hasta aquel día, ni Goyeneche ni ningún miembro del MPF había mencionado presiones del poder político para entorpecer una investigación. Incluso después del histórico juicio que condenó en sentencia de primera instancia al ex gobernador, Sergio Urribarri. Vale señalar que la referencia a poderes ocultos es muy atractiva. Urribarri, después de la primera audiencia del debate en su contra, sostuvo que el juicio fue impulsado por el ex ministro y actual legislador de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, que también ahora habría caído en desgracia con una causa en su contra. Nunca, en seis años de proceso, ni Urribarri ni ninguno de los 15 imputados en las cinco causas mencionó a Frigerio o un oculto interés político detrás de la investigación. Goyeneche se subió a la ola y acusó al “urribarrismo” por el jury, claro que solo en los medios de comunicación. Nunca aportó una prueba concreta de aquello. El jury en contra de la fiscal anticorrupción tiene, con el grado de probabilidad que la instancia previa requiere, elementos de convicción que ameritan que sea investigada. No hay ninguna animosidad contra su persona ni menos contra el accionar del MPF. Si no es motivo de análisis que una importante funcionaria judicial haya mentido en una audiencia oral y pública y ante una jueza de la Constitución; que haya “apretado” a un testigo en una de las cuestionadas entrevistas que los fiscales mantienen, sin ningún, control con testigos, y que ante la presencia de otro fiscal que no tomó nota de la situación y sumando irregularidades solicitó el allanamiento del testigo y el secuestro de su celular solo porque tuvo el mal tino de manifestar, ante una pregunta de los fiscales, que el esposo de la fiscal era asiduo concurrente al estudio que Fiscalía señaló como pieza fundamental de la sustracción de millonarias sumas de dinero de las arcas públicas en la causa Contratos, no queda claro qué situación determinaría el estado de sospecha que requiere la norma para iniciar una investigación. La misiva de los 102 fiscales juega fuerte. Sostienen: “Hasta ahora el procedimiento de juzgamiento de la doctora Goyeneche no demuestra que esté transitando ante un juicio justo. Por un lado, distintas decisiones adoptadas por algunos miembros del tribunal juzgador nos hace dudar, con fundamentos, de su imparcialidad necesaria y básica”. “Algunos miembros”, para conocedores del paño político-judicial, refiere a los tres vocales del STJ que integran el HJE. Acá cabe preguntarse algunas cuestiones ¿quién hace volar por los aires el tablero de la “institucionalidad” cuando alude que no se estaría “transitando por un juicio justo”? ¿habría funcionarios que toman decisiones contrarias a Derecho con la complacencia de otros funcionarios? ¿complotan, por acción u omisión, jueces, legisladores y abogados del HJE para promover un proceso irregular? Las evidencias no corroboran aquellas afirmaciones.
Los 102 afirman que “la aceptación ilegal del cargo por parte del acusador – doctor (Gastón) Justet- y las irregularidades de su planteo de acusación, llevan a la misma conclusión de que el procedimiento no ofrece las garantías mínimas necesarias para la realización de un juzgamiento respetuoso del Estado de Derecho”. Otras preguntas atraviesan la coyuntura, se suman a las anteriores y van más allá. ¿Quién acusa a los acusadores? ¿hay garantía de objetividad, más allá de la que ordena la ley, en un cuerpo vertical como el MPF? ¿la sociedad puede tener la seguridad de una actuación objetiva cuando se tiene que acusar al propio jefe?
Hay antecedentes que le dan cuerpo a aquellas preguntas. Acusaciones contra fiscales que son archivadas casi in limine, sin que la sociedad sepa los argumentos de tan determinantes decisiones. En este contexto, que se promueva una investigación contra una funcionaria judicial es una muestra de salud de un sistema que está dando muestras de agotamiento. No obstante, la sociedad no puede esperar que algo cambie en la Justicia y en la Política tras el proceso contra la fiscal anticorrupción porque las razones del descrédito de ambos poderes son más profundas. Se trata de un sistema que lleva décadas de aceitado funcionamiento. Cambiarlo para bien, no será algo fácil ni rápido de lograr. Y sin el acompañamiento de la sociedad, mucho menos.
