El Superior Tribunal de Justicia revocó el 5 de enero de 2024 una sanción conminatoria contra el Estado provincial que le había sido aplicada en una sentencia de primera instancia, que le imponía una multa de 50.000 pesos diarios por una supuesta mora en el cumplimiento de una sentencia ambiental.
Se consideró que el asunto tratado era complejo y que el Estado estaba actuando regularmente, por lo que no correspondía la aplicación de ninguna sanción. No obstante lo obliga a producir informes cada tres meses.
El Superior Tribunal de Justicia admitió las defensas de la Fiscalía de Estado y revocó la sanción, que a esta altura acumulaba casi dos millones de pesos, dado que ascendía a 50.000 pesos diarios impuestos el 30 de noviembre de 2023.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, destacó el fallo y sostuvo que “el funcionamiento de la Administración no es mecánico, sino que está constituido por la interacción de medios económicos y conductas humanas”.
Contra el Estado provincial. La Justicia revocó las sanciones
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