Continua la lucha por la prescripción del proceso

Afirman que los abusos ocurrieron entre el 2001 y 2003.

La última información conocida fue que la audiencia en el Tribunal Apelaciones de Concepción pasó a cuarto intermedio.

Una causa que comenzó el el 2019 y que hasta el momento tiene a un imputado y tres denunciantes que manifiestan haber sido abusadas sexualmente cuando eran niñas hace más de 20 años. En ese sentido, hay dos posturas respecto a la «prescripción» o no del delito, el juez de Garantías, encargado de la causa, ya dejó en claro que los delitos no caducaron.
María Evangelina Bruzzo, jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, resolvió pasar a cuarto intermedio por unos días para resolver si mantiene la resolución del juez o la revoca.
La causa conocida como Barés, donde se acusa al psicólogo y ex funcionario de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Enrique Barés de haber cometido «abuso sexual gravemente ultrajante” sobre tres niñas entrerrianas de 4, 6 y 9 años. Para la ex senadora nacional por Entre Ríos y autora de la ley Nº 27.206 de «Respeto a los tiempos de las víctimas de delitos contra la integridad sexual», Sigrid Kunath, el tironeo no debería ser tal.
«El daño y consecuencias que producen estos delitos, que destrozan a las víctimas en tiempos en que deberían estar creciendo libremente, resulta difícil de medir. Muchos y muchas no denuncian porque no pueden, porque no quieren, porque se hacen cargo del dolor que pudieran provocar a sus entornos o por otras razones imposibles de predeterminar. Las consecuencias de estos delitos son tremendas y perduran», señaló Kunath a La Capital.
Por su parte, el defensor de Barés, el abogado Jorge Omar Torres, había formulado su posición al decir que entiende que el tiempo, de 12 años según el Código Penal, corre desde el día en que se cometió el delito o cuando cesó de cometerse.
Esta posición es favorable para el imputado porque si la Justicia lo interpreta así los hechos deberían haber prescripto entre 2013 y 2015, ya que supuestamente ocurrieron en 2001 y 2003.
Pero la posición de la fiscal que investiga la causa, Gabriela Sero, es completamente opuesta porque justamente se basa en la ley Piazza y en la que luego impulsó Kunath, ambas en relación a delitos que afectan la integridad sexual de menores. Asimismo, recordó: «La Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos ya estaban plenamente vigentes al momento de los hechos que se le imputan a Enrique Barés».