Señor director:
Algunos prestigiosos juristas niegan la existencia del lawfare como estrategia planificada de ciertos sectores del poder con el objetivo de condicionar los mecanismos judiciales en contra de los líderes progresistas. Llevada tal afirmación a la gestión anterior, nos encontramos con una inocultable mesa judicial conectada con el espionaje ilegal, al que suman denuncias falsas, aprietes de testigos, declaraciones testimoniales preparadas, armado de causas, visitas de funcionarios judiciales al ex presidente, la aplicación persistente de la denominada “doctrina Irurzun” que forzando en forma arbitraria la interpretación del Código Procesal Penal disponía prisiones preventivas violando el principio de defensa y el de inocencia consagrados constitucionalmente. Lo señalado no se puede conciliar con la idea que pretende instalar el macrismo de que es un Poder Judicial defendible e imparcial y que del lado del oficialismo se busca impunidad lo cual es totalmente falso, ya que la ex presidenta en su defensa legal solo solicita la aplicación de la ley dentro de procesos conspirativos o manipulados.
En el avance de las distintas causas en las que se intentó involucrarla no aparece la verosimilitud de las pruebas que justifiquen primero la iniciación del proceso y luego su continuidad. A pesar del denodado esfuerzo de algunos fiscales (o del periodista Leuco: plan sistemático de enriquecimiento ilícito)no han logrado establecer ningún vínculo nexo de ilicitud con participación indubitable de la ex presidenta nique lo dispuesto al frente del Poder Ejecutivo fuera al margen de la ley o de los intereses nacionales. Tal afirmación no resulta extensiva a otros funcionarios que han sido condenados aunque la mayoría de sus defensas han planteado recursos de apelación no resueltos, considerando que no se ha respetado el debido proceso judicial lo cual tiñe de falta de imparcialidad e independencia la decisión judicial.
Esta apretada síntesis justificaría en parte la posición de los juristas mencionados en cuanto no reconocen el ”lawfare” como una categoría que se hubiese desplegado en su plenitud en nuestro país. Sin embargo, si aceptamos la fragilidad de la institución Poder Judicial afectada y tomada por intereses en los casos en que se ven involucrados funcionarios públicos, empresarios poderosos o miembros del poder real concluimos en que sus resoluciones se direccionaron en varios casos en base a los privilegios de estos grupos.
Se dificulta la posibilidad de afirmar que hubo un plan sistemático pero son muchas las pruebas que acreditan un accionar concertado entre el anterior gobierno, algunos integrantes del Poder Judicial y los medios casi monopólicos, buscando la promoción de causas inconsistentes o inmerecidas o el despiadado desplazamiento de funcionarios y/o magistrados judiciales. Alcance o no la categoría de “lawfare” o se trate de maniobras explicadas desde otra perspectiva nadie duda sobre la imperiosa necesidad de la Reforma del Poder Judicial con la dimensión que establezcan los órganos pertinentes.
Aldo O. Savina
