Fuentes de la Sociedad Rural Argentina confirmaron que se está organizando una reunión con legisladores nacionales para articular la estrategia, que se podría concretar el miércoles. Las cámaras agropecuarias consideran que lo anunciado por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, es una medida “sin sustento legal”.
El argumento es que el Poder Ejecutivo ya no tiene facultades delegadas por el Congreso para decidir unilateralmente sobre temas impositivos, dado que el 31 de diciembre de 2021 venció la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que lo habilitaba. Esa norma había sido sancionada en diciembre de 2019, no bien asumió el gobierno del Frente de Todos.
El Ministro de Economía, Martín Guzmán, incluyó en el Presupuesto 2022 un artículo que prorrogaba esa potestad hasta 2024 pero, al ser rechazado el texto en el Congreso, este punto quedó en suspenso. Por su parte, el Gobierno apela a los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, que faculta al Ejecutivo a establecer derechos de exportación, pero es un camino no exento de controversias judiciales.
De hecho, fuentes del sector agropecuario confirmaron que algunas sociedades rurales del país -por ejemplo las de Códoba, Jesús María y Río Cuarto- ya presentaron amparos en la Justicia con este argumento.
La oposición comparte esta postura, que quiere llevar también al ámbito legislativo. El debate se podría plantear en la comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo, más conocida como la bicameral de DNU, donde los representantes del pueblo deben ratificar los decretos presidenciales.
Por fuera del Congreso, la titular del PRO Patricia Bullrich difundió un video en el que, sentada en un tractor, acusa al Presidente de “volver a meterle la mano al campo”. “Quieren matar a la gallina de oro y quedarse con los huevos. Desde Juárez Celman, en Córdoba, mi compromiso es resistir esas medidas. Vamos por una Argentina productiva, no de parásitos”, dijo.
