La Calle entrevistó a al Subjefe Departamental Uruguay, encargado de conducir el operativo de la Policía de Entre Ríos. El procedimiento contó con apoyo de Prefectura y se ejecutó tras una orden judicial. El funcionario destacó que primero intentaron por la vía del diálogo, pero debieron recurrir al uso de la fuerza.
Por: Matías Dalmazzo
El comisario inspector Javier Leiva encabezó a comienzos de la semana un operativo que terminó con el despeje de avenida Paysandú en la zona portuaria de Concepción del Uruguay, luego de una protesta sindical que interrumpió la circulación y la operatoria del puerto. La intervención ocurrió el lunes, tras días de cortes parciales y totales, y tuvo como involucrados a trabajadores vinculados a los gremios SUPA y FEPA, además de la Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval.
Javier Leiva ocupa el cargo de Subjefe en la Departamental Uruguay y asumió la responsabilidad directa del procedimiento desplegado, en uno de los accesos estratégicos al puerto local. El funcionario abordó en esta entrevista el desarrollo del operativo durante el conflicto, que comenzó con medidas de fuerza gremiales durante el fin de semana y escaló con el bloqueo al ingreso de camiones destinados a tareas de carga y estiba.
El conflicto portuario tuvo como eje un reclamo por el reconocimiento formal del SUPA como entidad representativa de los estibadores de la ciudad. La protesta avanzó con la permanencia de manifestantes sobre la traza vial, generó demoras operativas y paralizó la actividad del buque amarrado en los muelles; situación que motivó denuncias del ente portuario y la intervención judicial.
El operativo policial concluyó con el desalojo de la avenida Paysandú, la detención de seis personas y un efectivo con lesiones leves, luego de que fracasaran las instancias de diálogo previas. El comisario inspector Javier Leiva hizo un balance de la actuación, explicó cómo se ejecutó la orden judicial y detalló por qué la fuerza consideró agotadas las alternativas antes de avanzar con el despeje.
-¿Qué balance realiza la Policía de Entre Ríos sobre el operativo desplegado en la zona portuaria y en avenida Paysandú tras el desalojo de la protesta?
-El balance es positivo, porque se logró restablecer el orden y garantizar la libre circulación en el puerto y sobre avenida Paysandú, un sector clave para el comercio de la región. No era el escenario que pretendíamos, ya que el diálogo es siempre la prioridad, pero se llegó a ese punto y fue necesario intervenir para normalizar la situación.
-¿De qué manera la fuerza tomó conocimiento de que debía cumplirse una orden judicial para desalojar la avenida Paysandú y liberar la circulación?
-Desde el inicio del conflicto se mantuvo informada a la doctora Albertina Chichi sobre lo que estaba ocurriendo en el puerto, aun cuando ya existía una denuncia del ente portuario. A partir de esas comunicaciones, como primera medida, se realizó una intimación que fue leída a viva voz y notificada a los manifestantes.
Con el correr de las horas la situación fue escalando hasta el corte total de la avenida Paysandú, donde no se permitía la circulación de camiones. Ante ese escenario, se volvió a informar a la Justicia que el diálogo había finalizado, ya que los manifestantes no acataban las órdenes impartidas por la Policía, por lo que se solicitó una nueva orden judicial para el despeje de la avenida.
Con esa orden y con la colaboración de Prefectura Naval se inició el desalojo de la avenida Paysandú, en un operativo cuyo desarrollo quedó reflejado en los videos que circularon posteriormente. Como saldo de la intervención hubo seis personas detenidas, de las cuales cinco recuperaron la libertad y quedaron supeditadas a la causa, y un efectivo policial resultó con lesiones leves en la cabeza.
–Durante ese lapso previo, ¿hubo intentos de diálogo o instancias para que los manifestantes liberaran la calzada sin necesidad de avanzar con el procedimiento?
-Sí. Antes de dar cumplimiento al oficio del juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, se intentó en todo momento privilegiar el diálogo y la presencia policial como herramientas para lograr que los manifestantes liberaran la calzada.
La intervención forzosa fue el último recurso, adoptado únicamente luego de que esas instancias previas no dieran resultado y de contar con la orden judicial correspondiente para avanzar con el desalojo del lugar.
